Organizaciones ambientales, comunitarias y profesionales exigieron este martes a la Asamblea Legislativa descartar el proyecto que crea una nueva ley de permisos y cuestionaron la insistencia del Gobierno en colocar este tema entre sus prioridades legislativas, mientras Puerto Rico atraviesa una crisis por el agua.
"Este país amaneció otra vez con los embalses en picada y con familias completas resolviendo con cubos, y la prioridad de la Legislatura es una ley que le abre la puerta a mega construcciones que consumen agua que no tenemos. Exigimos que estos proyectos se descarten", explicó en un comunicado Hernaliz Vázquez, directora de Sierra Club.
Vázquez destacó que la insistencia de la Legislatura viene de la agenda articulada desde el Ejecutivo junto a los sectores de la construcción, el desarrollo inmobiliario y la inversión privada para impulsar la medida.
Asimismo, la directora de Sierra Club indicó que 'El Task Force' creado por la gobernadora y presidido por Francisco Domenech, entonces secretario de la Gobernación, integró a funcionarios del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), la Junta de Planificación y la OGPe junto a representantes del sector privado, y estableció expresamente que el sector privado debe tener un rol más prominente en la evaluación y adjudicación de permisos.
"El mismo DDEC que promueve la inversión privada y administra incentivos tendría, bajo esta reforma, mayor poder sobre los permisos y la fiscalización de los proyectos que ayuda a atraer", denunció la titular de Sierra Club.
Por otro lado, Vázquez señaló que, aunque el Gobierno utiliza al pequeño comerciante como justificación de la reforma, la propuesta tiene un alcance mucho mayor.
En su opinión, su estructura responde principalmente a las necesidades de grandes desarrolladores e inversionistas, mediante mayor rapidez, certeza para la inversión, ampliación de las certificaciones privadas y reducción de los controles preventivos.
"A un colmado, a una barbería o a un taller de la comunidad no le hace falta una reingeniería completa del sistema de planificación del país. Le hace falta que le contesten el teléfono en la agencia y que le atiendan el trámite a tiempo. Esta pieza no se escribió pensando en ese comerciante, se escribió pensando en el que llega con un proyecto grande y necesita que nadie lo detenga", puntualizó la líder ambiental.
Por su parte, la arqueóloga Mariela Declet, detalló que la reforma elimina el Consejo para la Protección del Patrimonio Arqueológico Terrestre y coloca las determinaciones finales relacionadas con permisos bajo la Oficina Central de Permisos.
Para Declet, estos permisos reducen el papel del Instituto de Cultura Puertorriqueña, subordina las protecciones arqueológicas al nuevo Código y al Reglamento Único, y permite que en algunos casos la intervención especializada ocurra después de comenzada la excavación.
"La arqueología es fundamental para proteger y custodiar nuestra herencia cultural, ella resguarda nuestra historia e identidad. Los arqueólogos no estamos para evitar el desarrollo, estamos para custodiar y proteger nuestra historia y nuestros recursos arqueológicos", concluyó Declet.