La contralora de Puerto Rico, Carmen Vega, informó este martes de que se detectaron incumplimientos millonarios en los resultados de una auditoría correspondiente al Fideicomiso Institucional de la Guardia Nacional de Puerto Rico (FIGNA), del período del 1 de julio de 2016 al 31 de diciembre de 2022.
"Estas recomendaciones buscan fortalecer la supervisión, reforzar los controles internos, mejorar la planificación administrativa y asegurar el cumplimiento estricto con la normativa aplicable", indicó en un comunicado la contralora.
El informe presentó una opinión adversa, tras identificar múltiples deficiencias significativas en procesos de compras, contratación, desembolsos, manejo de propiedad, control interno, administración de fondos y cumplimiento de obligaciones legales.
La auditoría evidenció que varias prácticas administrativas no se llevaron a cabo según lo dispone la legislación.
El documento detalló que el FIGNA llevó a cabo compras ascendentes a 3.4 millones de dólares sin la intervención de la Administración de Servicios Generales (ASG) y sin utilizar los métodos de licitación requeridos por la reglamentación aplicable.
Asimismo, se identificó que se adquirieron obras de construcción y servicios especializados por $1.6 millones sin contratos formales, y que se realizaron desembolsos por $546,640 en proyectos que no tuvieron utilidad, lo que reflejo un uso ineficiente de fondos públicos.
La auditoría destacó deficiencias en documentación y expedientes incompletos que incluye la ausencia de cotizaciones formales, la falta de solicitudes escritas y adjudicaciones de bienes o servicios sin evidencia de seleccionar el mejor postor.
Uno de los señalamientos está relacionado con el reconocimiento de una pérdida por 11.4 millones de dólares en los estados financieros por la adquisición de un terreno que no fue utilizado para los fines previstos.
El informe también reveló que se otorgó un beneficio marginal no reglamentado a una empleada, sin la aprobación de la Junta de Directores y sin extender ese beneficio a otros empleados en igualdad de condiciones.
Además, se identificaron donativos otorgados a entidades por 34,704 dólares, que no están relacionadas con los propósitos de la Ley 23-1991, así como servicios provistos por contratistas sin licencias vigentes, en violación de la Ley Número 36 y reglamentos aplicables.
Otros señalamientos incluyen pagos anticipados sin factura, desembolsos sin evidencia de recibo de bienes o servicios, ausencia de registros de cheques y archivo documental insuficiente.
También se encontró el uso de tarjetas de crédito sin procedimientos aprobados por la Junta de Directores, compras sin justificantes, pagos de impuestos que debieron ser exentos y cargos por financiamiento.
La auditoría identificó además la concentración de funciones incompatibles en el Área de Contabilidad, lo que afectó la segregación de deberes requerida por la Ley Número 230 y falta de reglamentación actualizada para procesos de inventario, decomiso de materiales, pagos anticipados y uso de vehículos oficiales.
El FIGNA también incurrió en la radicación tardía de estados financieros y reportes anuales no remitidos, según dispuesto por ley.
Además, los auditores señalaron la ausencia de un plan de continuidad para las tiendas militares, lo que resultó en una interrupción de ingresos por cuatro millones de dólares y en la falta de transferencias reglamentarias por 2.2 millones de dólares a los fondos de anualidades y educacional.
El informe incluye 35 recomendaciones dirigidas a varias agencias, al principal oficial ejecutivo y presidente de la Junta de directores, y a la directora ejecutiva del FIGNA.