Una auditoría de la Oficina del Contralor reveló el martes pérdidas de 123.2 millones de dólares y un aumento de 3,360 millones de dólares en el costo del servicio de la deuda por refinanciamientos examinados en ocho emisiones de bonos de igual número de entidades públicas. El examen cubrió las operaciones de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal entre julio de 2020 y junio de 2024, además de transacciones de años anteriores.
El informe OC-27-19 evaluó ocho emisiones por 13,806 millones de dólares, realizadas entre marzo de 2007 y marzo de 2014. De esos fondos, 13,556 millones de dólares, equivalentes al 98 por ciento, se utilizaron para pagar o refinanciar bonos, notas y líneas de crédito, mientras 250 millones de dólares, o el 2 por ciento, se destinaron a mejoras capitales.
Según la contralora, el 98 por ciento corresponde exclusivamente a las ocho emisiones seleccionadas para la auditoría. Aunque el informe presenta información histórica sobre 207 emisiones por 133,548 millones de dólares realizadas entre 2000 y 2022, los tres hallazgos se sustentan en la muestra de ocho transacciones.
La Oficina del Contralor emitió una opinión cualificada. Concluyó que el uso de los fondos examinados cumplió, en todos los aspectos significativos, con las leyes y los reglamentos aplicables, excepto por las situaciones incluidas en los tres hallazgos.
“Estos hallazgos reflejan la importancia de una administración financiera responsable, documentación completa y procesos uniformes para asegurar que toda gestión gubernamental se realice con la mayor transparencia, integridad y beneficio para el interés público”, expresó la contralora Carmen Vega Fournier en declaraciones escritas.
La pérdida de 123.2 millones de dólares corresponde a dos refinanciamientos. La Corporación para el Financiamiento Público registró una pérdida de 4.5 millones de dólares en junio de 2012, mientras la Autoridad de Carreteras y Transportación reconoció una pérdida de 118.7 millones de dólares al cierre del año fiscal 2006-2007.
El aumento de 3,360 millones de dólares en el costo del servicio de la deuda incluye 478 millones de dólares relacionados con la emisión de obligaciones generales de 2014 y 2,882.9 millones de dólares en fondos adicionales que necesitó el Banco Gubernamental de Fomento para pagar su deuda entre 2010 y 2012.
La emisión de 2014 provocó que el servicio de la deuda del Gobierno aumentara un año antes de lo proyectado. En el caso del Banco Gubernamental de Fomento, los fondos anuales requeridos para el pago de la deuda subieron de 4,204 millones de dólares en 2010 a 7,087 millones de dólares en 2012.
La auditoría también examinó una cadena de refinanciamientos en la cual el Gobierno pagó 6,758 millones de dólares del principal de 47 emisiones anteriores mediante fondos de 12 emisiones posteriores por 10,273 millones de dólares. Esas transacciones abarcaron emisiones realizadas entre 1985 y 2014.
El tercer hallazgo responde a la falta de documentos para corroborar el uso de fondos. La Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal, la Autoridad de Carreteras y Transportación, el Departamento de Hacienda, la Oficina de Gerencia y Presupuesto y la Autoridad de los Puertos no suministraron evidencia sobre el uso de 1,934 millones de dólares procedentes de cinco emisiones de bonos.
Varias entidades tampoco entregaron documentos sobre 36 préstamos o líneas de crédito, tres notas en anticipación de bonos y una emisión de bonos en anticipación de recaudos contributivos por un valor combinado de 9,035 millones de dólares. De esa deuda, 5,523 millones de dólares fueron pagados parcial o totalmente con fondos de cinco de las emisiones examinadas.
La Oficina del Contralor no clasificó los 1,934 millones de dólares ni los 9,035 millones de dólares como pérdidas o fondos desviados. El hallazgo establece que la ausencia de documentos impidió comprobar la corrección, propiedad y propósito de las transacciones, además de limitar la posibilidad de detectar irregularidades y fijar responsabilidades.
Otro hallazgo identificó 1,931,116 dólares de la emisión de 2014 que permanecieron sin utilizar desde marzo de 2015. El Banco Gubernamental de Fomento transfirió ese balance en noviembre de 2018 a la Autoridad de Recuperación de la Deuda.
El Banco Gubernamental de Fomento también pagó 218,333 dólares en exceso a los asesores legales de la emisión. La cantidad autorizada era de 641,667 dólares, pero el desembolso ascendió a 860,000 dólares. El informe clasificó el pago como indebido.
En otra transacción, el Banco Gubernamental de Fomento no depositó 173,216 dólares pertenecientes a la Autoridad de Carreteras y Transportación en el Fondo de Construcción, según exigían las resoluciones aplicables. Los fondos permanecieron en una cuenta de inversión hasta su transferencia a la Autoridad de Recuperación de la Deuda en 2018.
El borrador del informe fue remitido en octubre de 2025 a Francisco Domenech Fernández, entonces director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal. La entidad contestó por medio de la subdirectora ejecutiva Vicky González Vega, pero el informe final no reproduce el contenido de esa respuesta. El exdirector ejecutivo Omar Marrero Díaz no contestó.
La Oficina del Contralor emitió 31 recomendaciones dirigidas al gobernador, la Asamblea Legislativa, el Departamento de Hacienda, la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal, la Oficina de Gerencia y Presupuesto y las juntas y directores de las corporaciones involucradas. Las medidas incluyen conservar la documentación fiscal, limitar el refinanciamiento de deuda, supervisar el manejo del efectivo y exigir análisis financieros y evidencia verificable antes de futuras emisiones.