Las autoridades desmantelaron una red criminal en la llamada Operación Eslabón, un esquema en el que cobraban a conductores la mitad del valor de sus multas de tránsito para borrárselas ilegalmente del sistema, pagándolas a través de CESCO Digital y AutoExpreso con los datos de una tarjeta de crédito robada, como anticipó temprano en la mañana Prensa Abierta.

Por este fraude, ya se han arrestado a 25 personas de un grupo de 33 contra quienes se radicaron más de 130 cargos criminales.

El esquema operaba en las calles de la isla, donde gestores y facilitadores abordaban a ciudadanos con multas pendientes de tránsito o AutoExpreso para ofrecerle borrarlas del sistema a cambio de un pago «por debajo de la mesa», que por lo general consistía en la mitad del costo real de la deuda.

Las autoridades fueron claras en que los ciudadanos que hayan participado de este delito también serán sancionados ya que son conscientes de que se trata de un acto ilegal que busca el beneficio propio, por lo que la investigación no solo se limita a los «gestores» o «ejecutores» de la modalidad. Como resumió el superintendente de la Policía, Joseph González: “Quienes participan de un esquema de fraude, ya sea ejecutándolo, facilitándolo o beneficiándose de él, se convierten en parte de una cadena delictiva que vamos a investigar hasta sus últimas consecuencias”.

El sistema operaba de modo que una vez la persona entregaba sus datos y el dinero en efectivo, los imputados ingresaban a las plataformas de CESCO Digital y AutoExpreso para saldar las multas utilizando los números de una tarjeta de crédito corporativa.

La transacción figuraba como procesada y al conductor se le emitía una certificación en cero sin levantar sospechas inmediatas, hasta que la institución bancaria detectó los cargos no autorizados, los cuales sumaron más de $300,000.

Durante la conferencia de prensa, las autoridades explicaron que «las 33 personas a las que se les radicaron cargos en el día de ayer conocían que estaban participando de un esquema ilegal». Especificaron que las personas no estaban acudiendo a los canales regulares: «Ellos están yendo a terceras personas en la calle para solicitarle que los ayuden a borrar las multas de manera ilegal. Ninguna de estas personas está pagando la totalidad que corresponde en multa al erario; están pagando por debajo de la mesa«, enfatizaron.

Entre los arrestados hay gestores certificados, civiles beneficiados y civiles facilitadores del fraude.»Tenemos un empleado de la AMA (Autoridad de Metropolitanos de Autobuses) y tenemos un expolicía municipal de Yabucoa y personas comunes y corrientes», puntualizó el director de la División de Crimen Organizado del Departamento de Justicia de Puerto Rico, Héctor Siaca.

Los arrestos se llevaron a cabo fundamentalmente en la zona metropolitana: San Juan, Carolina, Bayamón y Caguas, aunque también hay arrestos en Arecibo y Humacao.

Dos personas lideraban el esquema fraudulento, uno de ellos identificado como Héctor Javier Ramos de 30 años.

¿Cómo avanzó la investigación?

Cabe destacar que estos delitos se cometieron en el año 2021, durante pocos meses. «Entre junio y septiembre de 2021 varios de los imputados suministraron información de sus licencias de conducir y pagaron a terceros para que gestionaran la eliminación de sus multas o les obtuvieran certificaciones que reflejaran balances en cero mediante el esquema fraudulento. Para el momento en que se efectuaron las transacciones no estaba vigente ningún descuento o amnistía», explica el comunicado de prensa del Departamento de Justicia.

La investigación surge después de que un banco «detectó múltiples transacciones no autorizadas realizadas con una tarjeta de crédito», explicó Joseph González. En concreto fueron más de 100 transacciones ilegales. La titular de la tarjeta, una adulta mayor, hizo la reclamación al la institución bancaria y el Departamento de Hacienda asumió estos pagos afectando así al Gobierno. «Este esquema no solo afecta al titular de la tarjeta, también afecta al Gobierno y por consecuencia al pueblo de Puerto Rico», agregó González.

«Entre las partes perjudicadas como consecuencia del esquema de fraude se encuentran los titulares de la tarjeta de crédito, que incluyen a una adulta mayor; el Gobierno de Puerto Rico; el Departamento de Hacienda; el DTOP; CESCO; AutoExpreso; y una institución bancaria», dice concretamente el comunicado de prensa.

La radicación consiste en 135 cargos por delitos graves, entre los que figuran 71 por fraude, 48 por apropiación ilegal de fondos públicos y 16 por apropiación ilegal agravada. Por estas acusaciones, los imputados se exponen a penas de hasta 15 años de prisión por el desvío de fondos públicos y 8 años por fraude, mientras enfrentan una fianza global impuesta de $1,231,000. La fiscal Roxanne Rivera, directora de la División de Delitos Económicos, enfatizó la postura de las autoridades sobre las gestiones irregulares fuera de los canales oficiales: “Vamos a seguir detectando e investigando a estas personas que acuden a la calle a pagar las multas de manera ilegal para solicitar la renovación de licencias u otros trámites en CESCO, porque no es en la calle donde se pagan las multas, sino conforme a la ley como corresponde”.