La Oficina del Contralor refirió al Departamento de Justicia una investigación que señala que el Departamento de Salud desembolsó $772,400 por una unidad móvil de tomografía computarizada destinada a Vieques, la cual nunca llegó a la isla y permanece inutilizada en el Hospital Universitario Ramón Ruiz Arnau de Bayamón.
Según el informe OC-27-20, la orden de compra ascendió a $965,500, incluyendo $22,500 para el transporte e instalación del equipo. Salud pagó el 80% en dos plazos, mientras el último pago sigue pendiente desde agosto de 2025.
“La ausencia de una planificación básica y la falta de supervisión adecuada no solo privaron a los viequenses de un servicio esencial, sino que además expusieron la propiedad a riesgos de deterioro”, indicó la contralora Carmen Vega Fournier en declaraciones escritas.
El proceso de adquisición comenzó el 8 de agosto de 2023 con una invitación de subasta para dotar al Centro de Diagnóstico y Tratamiento de Vieques de una unidad móvil de tomografía computarizada. El Departamento de Salud emitió la orden de compra a Medical Outfitters PR el 18 de enero de 2024.
Sin embargo, una medición realizada el 30 de abril de 2024 encontró que el área seleccionada en Vieques tenía 59 pies disponibles, mientras el vagón necesitaba un mínimo de 67 pies. La configuración del lugar tampoco permitía las maniobras necesarias para colocar la unidad.
La Contraloría concluyó que el comité del proyecto, encabezado por el entonces director de la División de Servicios Médicos y Hospitalarios y el entonces secretario de Salud, autorizó la adquisición pese a que conocía que el vagón no cabía en la antigua sede del centro y que la nueva instalación médica todavía estaba en construcción.
La unidad llegó al puerto de San Juan el 15 de julio de 2024. Para el 28 de agosto de ese año, el Departamento de Salud la había colocado de forma provisional en el estacionamiento del hospital de Bayamón porque el área destinada para instalarla en Vieques no estaba lista.
Durante una inspección efectuada el 8 de agosto de 2025, los auditores encontraron el interior del vagón en buen estado, pero observaron indicios de enmohecimiento en el exterior. La caseta de seguridad más cercana estaba desocupada y el número de propiedad gubernamental aparecía escrito con marcador, sin la placa oficial correspondiente.
El informe también señala que unas pruebas realizadas el 20 de febrero de 2025 dejaron pendiente la determinación de la ubicación final del equipo. Las minutas examinadas por los auditores reflejaron que, al 30 de septiembre de 2025, el Departamento de Salud todavía no había resuelto la inspección física del área propuesta para colocar el vagón en Vieques.
La Oficina del Contralor concluyó que la falta de planificación impidió que los residentes de Vieques recibieran el servicio especializado y expuso el equipo a deterioro por falta de vigilancia y mantenimiento adecuado.
El documento advierte que los hechos podrían configurar delitos contemplados en el Código Penal de Puerto Rico. El referido a la secretaria de Justicia tiene fecha del 23 de junio de 2026 y solicita que evalúe posibles violaciones de leyes o reglamentos.
La Contraloría también recomendó al secretario de Salud adoptar las medidas correctivas correspondientes. El informe no identifica por nombre a los funcionarios que participaron en las decisiones ni incluye una respuesta del Departamento de Salud a los hallazgos.