El Gobierno de Puerto Rico alcanzó hoy un histórico acuerdo con la gigante tecnológica Meta Platforms, Inc. que le garantizará a la Isla $124.7 millones y obligará a la empresa a implementar cambios drásticos de diseño en Instagram y Facebook para combatir el uso adictivo y proteger la salud mental de niños y adolescentes. La medida resuelve una demanda presentada en diciembre de 2024 por la Oficina de Asuntos Monopolísticos del Departamento de Justicia local ante el Tribunal de Primera Instancia de San Juan.
«Puerto Rico se une a una transacción multiestatal de hasta $19 mil millones – la mayor alcanzada por secretarios de Justicia de los estados y territorios contra una sola empresa en materia de protección al consumidor que impone cambios de diseño verificados por un auditor independiente durante cinco años», reza el comunicado emitido por el Departamento de Justicia.
El monto global que recibirá PR se desembolsará en diez plazos y podría incrementarse en $53.7 millones adicionales si plataformas rivales como TikTok, YouTube y Snap implementan protecciones equivalentes. La mitad de estos recursos económicos se destinará directamente a atender el impacto psicológico en la niñez, mediante una labor compartida entre las agencias locales de salud, salud mental (ASSMCA) y educación.
«Bajo el acuerdo, Puerto Rico recibirá $124.7 millones garantizados, pagaderos en diez plazos, con la posibilidad de recibir $53.7 millones adicionales, condicionados a que TikTok, YouTube y Snap adopten protecciones equivalentes. Al menos la mitad de los fondos se destinará a remediar los daños causados a la niñez y la juventud puertorriqueña, en coordinación con el Departamento de Salud, la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (ASSMCA) y el Departamento de Educación», explicaron.
Además del aspecto financiero, el pacto establece limitaciones operativas inmediatas para la experiencia de los jóvenes en las redes. Las nuevas normas contemplan topes de dos horas diarias de consumo de contenido, pausas obligatorias tras 15 minutos de navegación continua, bloqueos de notificaciones durante la jornada escolar, restricciones nocturnas y el fin de los filtros estéticos que simulan cirugías cosméticas.
«Un auditor independiente verificará su cumplimiento durante cinco años. Particularly, se deberán implementar las siguientes medidas: un nuevo sistema de verificación de edad […], un límite de dos horas diarias de uso de contenido […], pausas obligatorias tras 15 minutos de uso continuo […], restricciones de acceso nocturno y un modo escolar que bloquea las notificaciones durante el horario de clases […] y la opción de un feed no personalizado por algoritmo».
Desde la perspectiva legal e institucional, este resultado posiciona a Puerto Rico en la vanguardia de las acciones legales contra los gigantes de Silicon Valley. La estrategia judicial del territorio se coordinó dentro de una alianza de más de 40 jurisdicciones en Estados Unidos para responsabilizar a las empresas por diseñar mecanismos deliberados de enganche digital en audiencias vulnerables.
«Si bien existe una responsabilidad individual, lo cierto es que el uso desmedido de estas plataformas responde a prácticas de negocios diseñadas para generar beneficio económico, aun cuando sea en detrimento de la salud mental y el desarrollo cognitivo de los usuarios. Por ello, existe un interés apremiante del Gobierno de Puerto Rico de proteger a nuestra población; en especial a los menores de edad, quienes son más vulnerables».
Aunque la transacción no implica que Meta admita responsabilidad legal por los daños alegados, el Departamento de Justicia puertorriqueño adelantó que continuará auditando el comportamiento de otras redes sociales con presencia en la Isla.
«El Departamento de Justicia someterá la sentencia por consentimiento ante el Tribunal de Primera Instancia en los próximos días […] Meta no admite responsabilidad. El Departamento de Justicia continúa evaluando las prácticas de otras plataformas de redes sociales en relación con los menores de Puerto Rico».
Acuerdo histórico
Este acuerdo alcanzado por el Gobierno de Puerto Rico se inserta en una megatransacción a nivel nacional en la que Meta Platforms, Inc. aceptó pagar aproximadamente $18,000 millones de dólares para poner fin a las demandas presentadas por 29 fiscales generales estatales en Estados Unidos. Las acciones judiciales sostenían que la gigante tecnológica diseñó de forma intencionada herramientas adictivas que atentaron contra la salud mental de niños y adolescentes.
El pacto —catalogado por autoridades estatales como la mayor resolución extrajudicial lograda contra una gran empresa de tecnología— se produjo de manera intempestiva a solo una semana de haberse iniciado un juicio histórico en California en el que se reclamaban indemnizaciones de hasta $1.4 billones de dólares y donde ejecutivos como Mark Zuckerberg y Adam Mosseri estaban citados a declarar. Aunque la empresa declinó admitir cualquier ilegalidad y enfatizó que el 30 % de la cuantía final dependerá de que plataformas competidoras como TikTok y YouTube adopten compromisos y pagos equivalentes, la medida impone límites estrictos de tiempo de uso diario para menores que amenazan con alterar significativamente el modelo de negocio publicitario de la multinacional.