La Comisión de Asuntos Municipales de la Cámara de Representantes de Puerto Rico celebró este viernes una vista pública para evaluar el Proyecto del Senado 723, una iniciativa legislativa que busca enmendar el Código Municipal para eximir del pago de contribuciones sobre la propiedad a los equipos e instalaciones de generación y almacenamiento de energía eléctrica en residencias, comercios e industrias, impidiendo además que estos incidan en la tasación de los inmuebles. El encuentro legislativo sirvió de escenario para confrontar la intención de promover la resiliencia energética del país con los reparos fiscales del Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM), la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y la Federación de Alcaldes, entidades que advirtieron sobre el impacto económico negativo que la medida tendría en las arcas municipales y en el sistema contributivo estatal.
Proteger el bolsillo vs. proteger las arcas municipales
El Proyecto del Senado 723 propone una protección contributiva directa para evitar que la inversión en resiliencia energética se traduzca en una carga impositiva adicional. Sin embargo, las ponencias presentadas durante la vista pública reflejaron una oposición uniforme por parte de los organismos gubernamentales y municipales convocados, no por rechazo a la energía limpia en sí, sino por la falta de certezas sobre el menoscabo fiscal que conllevaría.
La Federación de Alcaldes de Puerto Rico, representada en la audiencia por el asesor legal Ricardo Rolón Morales, centró sus objeciones en la ausencia de estudios económicos detallados antes de proceder con una medida de esta envergadura.
«Nuestra posición no cuestiona el propósito de promover la resiliencia energética… Su reparo es fiscal, más bien. No resulta responsable aprobar una nueva exención sobre una fuente de ingresos municipales sin conocer primero cuánto costará y, determinado ese impacto, sin identificar cómo se compensará la pérdida de recaudos…»
— Lcdo. Ricardo Rolón, asesor legal de la Federación de Alcaldes de Puerto Rico.
Rolón Morales enfatizó la necesidad indispensable de cuantificar el impacto real sobre los 78 municipios de la isla antes de convertir la propuesta en ley: «Antes de aprobar la exención, debemos saber cuánto le cuesta a los municipios. Y una vez conozcamos ese costo, debemos identificar cómo compensarlo sin meterle la mano en el bolsillo a nuestra gente«, dijo Rolón.
La postura del CRIM: Abiertos a residencias, cerrados a comercios e industrias
Por su parte, el Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM), a través de su director ejecutivo Javier García Cintrón, expresó su rechazo a la pieza legislativa en su redacción actual, aunque dejó la puerta abierta a un punto medio de consenso que limite el beneficio exclusivamente a los hogares principales.
«El CRIM se opone respetuosamente a la aprobación del Proyecto 723 en su forma actual. No obstante, el CRIM no se opone a la aprobación de la disposición… para toda propiedad dedicada exclusivamente al ciudadano, adulto mayor, siempre y cuando sea su primera residencia o sea una égida. Para los otros sectores, que serían comerciales e industriales, sí el CRIM tiene posición en contra de ese beneficio.»
— Javier García Cintrón, director ejecutivo del CRIM.
La diferencia en el trato entre el sector residencial y el comercial generó interrogantes durante el turno de preguntas de la comisión, donde se planteó si resulta justificado negar la exención a un pequeño comercio que requiere de un generador para mantener sus puertas abiertas en medio de los constantes apagones. Ante esto, la representación del CRIM puntualizó que la estructura del sistema contributivo vigente opera bajo ese principio de distinción entre uso personal y comercial.
La AEE y el freno del Ejecutivo
La Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) también presentó su postura de rechazo al proyecto de ley. Aunque reconoció el mérito de incentivar la preparación de la ciudadanía frente a emergencias y fallas en el red eléctrico, su director de operaciones, el ingeniero Fernando Osorio Caño, señaló que el proyecto entra en contradicción directa con la política fiscal de la rama ejecutiva.
«La medida resulta incompatible y contraria a la reforma contributiva impulsada por la rama ejecutiva, al extender exenciones contributivas que dicha reforma propone eliminar… Por estas razones, la Autoridad se imposibilita de apoyar este proyecto.»
— Ing. Fernando Osorio Caño, director de operaciones de la AEE.
El debate sobre las cifras: millones en juego y vacíos de información
Uno de los puntos culminantes de la audiencia giró en torno al costo real que representaría la exención para las finanzas públicas. Durante la sesión se reveló que la Oficina de Análisis de Presupuesto de la Asamblea Legislativa (OPAL) proyectó de manera preliminar que la medida conllevaría una pérdida de recaudos para los municipios de aproximadamente $11.2 millones para el año 2027 y hasta $12 millones para el 2030.
Sin embargo, la Federación de Alcaldes catalogó esa proyección como excesivamente prudente y advirtió que la cifra real podría ser considerablemente mayor, reclamando una evaluación con métricas más exhaustivas:
«Entendemos que esa es un número bastante conservador… entendemos que es un número que puede ser más alto. Por eso es que, sin menospreciar el análisis que ellos han hecho, deberíamos buscar una segunda opinión, y quién mejor que el Centro de Recaudación de Ingresos Municipales, que tiene la pericia y los recursos.»
— Lcdo. Ricardo Rolón Morales, asesor legal de la Federación de Alcaldes de Puerto Rico.
A estas inquietudes se sumó la preocupación por el impacto asimétrico que sufrirían las distintas administraciones municipales. Si bien los municipios de mayor tamaño perderían sumas absolutas más elevadas, los municipios pequeños —con presupuestos limitados— verían severamente afectada su capacidad operacional aun con pérdidas menores.
¿Qué se tasa hoy en día? La aclaración técnica del CRIM
Ante la incertidumbre ciudadana sobre lo que actualmente paga o no paga impuestos, el director del CRIM ofreció una explicación detallada sobre cómo opera la normativa vigente para la clasificación y tasación de generadores y equipos energéticos.
García Cintrón aclaró que los generadores pequeños o portátiles —aquellos que cuentan con ruedas o se transportan en vehículos— son considerados bienes muebles y nunca han pagado impuestos sobre la propiedad inmueble:
«Quiero que esté claro de que la planta chiquitita, la que tiene ruedas, esa planta es exenta, así que nunca ha pagado… No quiero confundir a las personas que piensen que todo el que tenga una planta eléctrica tiene que pagar, no.»
— Javier García Cintrón, director ejecutivo del CRIM.
En contraste, el funcionario explicó el criterio reglamentario que convierte a un equipo en bien inmueble sujeto a tasación: «al tú poner una planta de 10 kilos, 15 kilos, le haces el ‘pad’ [base de cemento], le montas un ‘transfer switch’ y todo, automáticamente la haces inmueble, haces parte de la estructura… Las placas solares pueden ser muebles, pero al tú empotrarlas y ponerlo todo en el techo, automáticamente se convierten en inmuebles«, dijo.
Asimismo, se enfatizó el mecanismo de la exoneración residencial de los $15,000. En el caso de las propiedades residenciales, el valor del terreno, la estructura y la maquinaria fija se suman en una tasación conjunta. Si la suma total no excede el límite exonerado de $15,000, la propiedad no paga contribuciones, razón por la cual muchas familias con sistemas fijos no reciben un cobro adicional. En los casos donde sí se excede el tope, el sistema del CRIM aplica una depreciación automática anual al valor del equipo para calcular la contribución aplicable.
Posibles caminos a seguir en el trámite legislativo
La vista pública concluyó con un pedido formal por parte de la Comisión de Asuntos Municipales para que tanto el CRIM como la Federación de Alcaldes remitan en los próximos días la documentación, minutas y desglose de datos catastrales por municipio.
Sobre la mesa quedó planteada la posibilidad de que la Cámara de Representantes trabaje una versión enmendada del Proyecto del Senado 723. Esta alternativa buscaría atemperar el alcance del proyecto, restringiendo la exención contributiva a las residencias principales y hogares de cuidado de adultos mayores, al tiempo que se evalúan límites de capacidad o valor en los equipos para proteger el presupuesto de los municipios sin desincentivar la resiliencia de las familias puertorriqueñas.