El presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, criticó esta mañana al Departamento de Estado después de que la agencia certificara como corporación pública a la entidad denominada Concilio de Satanás.
“El trato que se le brinde a una [entidad], tarde o temprano, lo podrían recibir otros”, afirmó
Rivera Schatz aludió a las posibles consecuencias de la medida y cuestionó el proceso utilizado por el Departamento de Estado para registrar la entidad.
Cabe destacar que esta evaluación llega tras la aprobación de la Ley Núm. 14-2025, conocida como la “Ley del Derecho Fundamental a la Libertad Religiosa en Puerto Rico”. Legislación aprobada y firmada el 13 de abril de 2025 por la gobernadora Jenniffer González Colón.
En su acostumbrada publicación matutina, el presidente senatorial sostuvo, con tono irónico, que la agencia debe actuar con cautela al tramitar incorporaciones que puedan resultar “detestables”, para evitar que esas entidades invoquen los fundamentos de la Ley de Libertad Religiosa con el objetivo de alcanzar sus propósitos.
Rivera Schatz, también criticó la improvisación y el “desespero político”, calificándolo como “malos consejeros”, sostuvo.
El senador defendió además las convicciones religiosas de Puerto Rico y expresó: “¡Puerto Rico está claro en su fe, en sus creencias y así nos ayuda Dios! ¡No hay corporaciones o grupúsculos que puedan cambiar eso!”.
Por su parte, la secretaria de Estado, Rosachely Rivera Santana, informó mediante declaraciones escritas que su administración está corroborando el origen de la entidad satánica antes de tomar una determinación al respecto.
La funcionaria explicó que el Departamento de Estado cuenta con un sistema automatizado para expedir certificaciones en el registro de corporaciones. Una vez que se completa el proceso y se cumplen los requisitos de incorporación, el sistema genera electrónicamente la certificación.
Rivera Santana aclaró que no interviene en la selección del nombre, la denominación, las expresiones ni las posiciones de las entidades que solicitan su registro. Añadió que el Departamento de Estado evalúa los requisitos establecidos y aplica el mismo procedimiento a todas las organizaciones.
La secretaria también destacó que su función consiste en garantizar y aplicar los derechos relacionados con la libertad de expresión y la libertad religiosa, mientras continúa la revisión del caso.