Roberto Ruiz VargasDennis A. Jones

Durante un receso de la vista pública de la Comisión de Gobierno del Senado de Puerto Rico, el representante autorizado de Cabo Rojo Land Acquisition y proponente del Proyecto Esencia, Roberto Ruiz Vargas, defendió enérgicamente la viabilidad hídrica del desarrollo turístico de $2,500 millones, asegurando ante los medios de comunicación que la zona cuenta con el recurso suficiente para sostener el proyecto y atender las necesidades de la comunidad. «No solamente existe agua suficiente y en exceso para correr el proyecto. Hay agua suficiente para todas las necesidades que tiene Cabo Rojo. Lo que hace falta en Cabo Rojo y en todo Puerto Rico… es infraestructura que tenga capacidad de servir lo que la población necesita», sostuvo.

Frente a los duros cuestionamientos de legisladores sobre el suministro de agua en la zona, Ruiz Vargas se mostró complacido con las preguntas planteadas en la audiencia y reafirmó la solidez de sus datos técnicos. «Muy complacido. Creo que las preguntas son todas muy pertinentes, son interrogantes que son válidas todas, válidas para el pueblo, para la comisión, y creo que nos sentimos bien satisfechos con las contestaciones que son las que constan en el récord, pero este es un foro apropiado para poderla divulgar apropiadamente», afirmó el portavoz.

Al ser abordado sobre si el proyecto dependería de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) para la distribución hídrica, Ruiz Vargas aclaró que el plan trazado por la empresa no recae sobre la red de la corporación pública. «Hubo un poco de confusión, yo creo, en la vista anterior con lo que se dijo, pero el récord es claro. Nosotros no estamos contando con la Autoridad de Acueductos; nosotros tenemos en el récord demostrado de dónde vamos a sacar el agua, cómo la vamos a procesar, cómo la vamos a entregar», explicó el proponente.

Cuestionado sobre si sus cálculos se basan en meras proyecciones o en estudios confirmados, Ruiz Vargas reiteró que la disponibilidad está sustentada por datos de agencias federales que demuestran la abundancia del recurso no explotado. «La cantidad de agua que se pierde en Cabo Rojo no es en base a los pozos solamente. Hay unos estudios del Gobierno Federal que dan cuenta de la característica del acuífero… que no se utiliza y eso está establecido en el documento. Nuestro plan ahora, que es el que tenemos que cumplir con la ley, es un plan para asegurar al pueblo de Puerto Rico, al Departamento de Recursos Naturales y a todos los entes que tienen jurisdicción, de que lo que se va a hacer con esos pozos… es sustentable y cumple con todos los requisitos de la ley», enfatizó.

Ruiz Vargas añadió que la propuesta contempla el uso de sistemas de desalinizadores como mecanismo alterno en caso de cualquier eventualidad con las concesiones de los pozos. «Le hemos explicado que en la previsión que se ha tomado a lo largo de este proceso de planificación de infraestructura, nosotros tenemos la capacidad de desalar el agua, venga de pozos o venga del mar», acotó.

Sobre la posibilidad de inyectar los excedentes de energía o agua a las redes públicas del país, el portavoz aclaró que aunque la empresa desea aportar dichos recursos, la viabilidad del desarrollo no depende de las corporaciones del Gobierno. «Nosotros hemos dicho que el proyecto no es contingente a inyectar el exceso de agua que pueda producir o el exceso de energía. Que nosotros sí queremos inyectarlo. La contingencia de inyectarlo es que las agencias de infraestructura pública de Puerto Rico preparen sus facilidades para nosotros podérsela pasar… Pero eso es independiente de que exista la viabilidad de instalar la infraestructura necesaria», argumentó.

Finalmente, al responder a las críticas sobre las dudas que genera un desarrollo de esta magnitud entre los sectores opositores e inversionistas, Ruiz Vargas consideró natural el escrutinio legislativo y ciudadano ante una inversión de cerca de $2,500 millones. «Un proyecto de esta magnitud es perfectamente natural que despierte el interés no solamente de la comisión y del pueblo. El municipio tiene legítimamente preguntas, hemos estado atendiéndolas… simplemente lo que muestra es lo importante que es este desarrollo para Puerto Rico y cómo nosotros estamos atentos escuchando desde hace dos años y medio todo lo que se dice», concluyó.

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