Un desproporcionado gasto de $122,000 en alimentos durante un periodo de ocho meses para atender a una población de apenas 32 residentes en el Centro de Recuperación a la Vida Independiente (CRVI) en Trujillo Alto activó las alarmas de la Comisión de Salud del Senado de Puerto Rico durante una vista pública celebrada este viernes.
El presidente de la comisión, el senador Juan Oscar Morales, encaró a los directivos de la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (ASSMCA) tras una inspección ocular motivada por una denuncia anónima. La pesquisa legislativa no solo sacó a relucir un promedio insostenible que supera los $15,000 mensuales en compras de comida, sino también el consumo indebido de dichos insumos por parte del personal, la falta de licencias sanitarias y de bomberos desde el año 2013, y una burocracia estatal que ha dejado a los pacientes desabastecidos de alimentos básicos.
El análisis de la comisión presupuestaria reveló que la elevada cifra en compras de alimentos no se traducía en el plato de los pacientes vulnerables de salud mental, sino que encubría irregularidades operativas y la sustracción de inventario. Según admitieron los propios funcionarios bajo interrogatorio, el centro carecía de controles de inventario, lo que permitía que empleados y contratistas consumieran diariamente las raciones destinadas a los residentes e incluso se llevaran alimentos a sus hogares. A pesar de haber presenciado estas conductas de manera directa, los administradores de la agencia reconocieron no haber aplicado amonestaciones ni medidas disciplinarias formales contra los responsables de las irregularidades.
«No solo comían, sino que también se llevaban para su casa», declaró durante la vista Valentín Morales Morales, servidor público quien recibía las compras en Trujillo Alto. La investigación puso además en evidencia severas contradicciones entre el discurso público de ASSMCA y la realidad operativa del centro. Mientras la administración había sostenido ante los medios de comunicación que las irregularidades se detectaron mediante una «auditoría formal» y que los empleados reponían la comida de manera «voluntaria», durante la audiencia los funcionarios tuvieron que retractarse y admitir que nunca existió tal auditoría. «Un auditor oficial no. Quien hace la verificación o identifica eso es el Dr. Josué Pérez dentro de sus funciones como administrador. Si se utilizó el concepto de auditoría, elimine el concepto; fue una verificación», reconoció Catherine Oliver Franco, administradora de la ASSMCA.
Asimismo, se confirmó que las aportaciones económicas del personal no constituían reembolsos por faltantes, sino colectas de su propio dinero para suplir la falta de comida provocada por los extensos retrasos en el sistema centralizado de compras. Por su parte, la administración central intentó justificar el desabastecimiento señalando que los trámites de adquisición de insumos tardan regularmente más de 30 días en completarse debido a la excesiva burocracia y a fallas tecnológicas en la implementación de la nueva plataforma de gestión gubernamental. Un desglose presentado durante la audiencia demostró que una orden de compra iniciada el 20 de julio no fue procesada sino hasta el 31 de agosto, requiriendo incluso la intervención de firmas consultoras externas para autorizar la liberación de fondos.
«Pasan los 30 días y por eso es que hay deficiencias en el inventario de Trujillo Alto. (…) Algo está pasando. El proceso de adjudicación y de compra es uno de burocracia de demasiado tiempo. Del 20 de julio al 2 de septiembre, ¿cuántos días hay? Es un proceso demasiado burocrático que provoca que los empleados tengan que meterse la mano al bolsillo», increpó el senador Juan Oscar Morales.
Finalmente, el testimonio del Administrador Auxiliar de Tratamiento, el Dr. Josué Pérez, confirmó uno de los hallazgos más graves de la inspección: el CRVI ha operado de forma continuada al margen de la ley por más de una década, careciendo de licencias sanitarias y de las certificaciones vigentes del Negociado de Bomberos. Los directivos argumentaron que las deficiencias en la infraestructura —como filtraciones de agua y la ausencia de un sistema de supresión de incendios— han impedido superar las inspecciones oficiales, manteniendo la instalación a la espera de proyectos de remodelación vinculados a fondos de reconstrucción.
La Comisión de Salud del Senado otorgó un plazo de cinco días a los directivos de ASSMCA para entregar la documentación requerida, incluyendo los conduce de entrega de alimentos, los memorandamos internos y un plan detallado de cumplimiento e infraestructura para regularizar las operaciones de la instalación.