Ante la proximidad de la elección especial para cubrir la vacante en la alcaldía de Cataño, Aramis Fernández, ciudadano de Cataño y exlegislador municipal, y la pasada Comisionada Electoral y portavoz de Victoria Ciudadana, Lillian Aponte Dones, denunciaron que la legislación vigente excluye de la decisión a la mayoría del electorado municipal y convierte un cargo público en un asunto interno del partido que lo ocupaba.
“Quien resulte electo administrará los recursos de todo Cataño, otorgará contratos, supervisará empleados municipales y tomará decisiones que afectarán nuestras comunidades. Sin embargo, la mayoría de quienes vivimos aquí no podremos votar. No importa que paguemos contribuciones, utilicemos los servicios municipales y suframos las consecuencias de esas decisiones: si no pertenecemos al PNP, nuestra voz no cuenta”, expresó Fernández
El exlegislador municipal señaló que la exclusión resulta particularmente preocupante en un municipio con un presupuesto cercano a los $49 millones, una nómina de más de 700 empleados y un historial reciente que obliga a fortalecer la fiscalización ciudadana.
“Cataño conoce demasiado bien las consecuencias de administrar los fondos públicos sin controles suficientes. Después de los escándalos de corrupción que estremecieron al municipio y de los señalamientos realizados sobre contratación, pagos y uso de recursos municipales, la respuesta debería ser ampliar la participación democrática, no reducirla a una contienda entre facciones de un mismo partido”, añadió Fernández.
Por su parte, Aponte Dones sostuvo que el triunfo de un partido en una elección general no le concede propiedad sobre la alcaldía durante todo el cuatrienio.
“El PNP no recibió una escritura de propiedad sobre Cataño. Una alcaldía no pertenece al partido que ganó las elecciones. Lo que se está celebrando es una selección partidista financiada y administrada mediante recursos públicos para escoger a una persona que ejercerá poder sobre todo el municipio”, afirmó la portavoz de Victoria Ciudadana.
Aponte detalló Dones que en las elecciones generales de 2024, había 16,630 electores inscritos y votaron 9,792 para la alcaldía de Cataño, mientras que en la primaria municipal el PNP movilizó 4,325 electores. De igual forma, Julio Alicea obtuvo más votos en Cataño que la propia gobernadora por lo que eso indica que personas que no eran de las filas del PNP votaron por él pero ahora no podrán participar.
Añadió que en el caso de la actual Secretaria de Estado, Rosachely Rivera Santana, obtuvo 12,884 votos cuando fue reelecta alcaldesa de Gurabo en las elecciones generales del 2024 con una participación de 16,585 votantes. Sin embargo, la actual alcaldesa, Vilmarie Peña Dávila obtuvo 2,672 votos de un total de electores del PNP de 3,802. Es decir, Peña Dávila es alcaldesa con solo el apoyo del 16% del electorado de Gurabo. Para Aponte Dones, esa diferencia demuestra la magnitud de la exclusión.
“Una fracción del electorado puede terminar imponiéndole un alcalde al municipio completo. Miles de personas que participaron en la elección general, incluyendo electores que votaron mixto o por candidatura, quedan ahora excluidas del proceso. Pagarán la elección y serán gobernadas por quien resulte electo, pero no podrán votar por esa persona. Eso es democráticamente indefendible”, manifestó Aponte Dones.
La situación es aún más grave cuando se trata de casos de corrupción como lo fueron las elecciones especiales en el pasado cuatrienio en Trujillo Alto (PPD), Guaynabo (PNP, Guayama (PPD) y Humacao (PNP). En todos estos casos, las elecciones especiales para sustituir alcaldes que tuvieron que abandonar sus cargos por corrupción quienes único podían participar, como candidatos y como electores eran los miembros del propio partido del corrupto.
Aponte Dones recordó que en el 2021 los entonces representantes del MVC, Bernardo Márquez Reyes y Mariana Nogales Molinelli, presentaron el Proyecto de la Cámara 1117, que proponía elecciones especiales abiertas para cubrir vacantes en alcaldías y escaños legislativos por distrito. La medida permitía la participación de cualquier candidatura que cumpliera los requisitos legales y reconocía el derecho de todo elector cualificado a votar. El proyecto no fue atendido.
El Movimiento Victoria Ciudadana reclamó que la Asamblea Legislativa retome la propuesta y establezca un mecanismo abierto para futuras vacantes.
“Si el cargo es público, su sustitución también debe serlo. Si el municipio paga la elección y quien gane gobernará a todo Cataño, debe ser todo Cataño quien tenga derecho a escoger. La Asamblea Legislativa tiene el deber de promover la participación ciudadana en todos los procesos electorales y garantizar que sean ejercicios verdaderamente democráticos. Las alcaldías no son fincas privadas de los partidos. ”, concluyó Aponte Dones.