La exdirectora ejecutiva de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), ingeniera Mary Carmen Zapata Acosta, compareció ante la Comisión de Gobierno de la Cámara de Representantes en una tensa vista pública sobre la Resolución de la Cámara 42, donde no solo ratificó su ponencia de casi 20 páginas, sino que expuso la falta de comunicación, omisión de información crítica y las dinámicas internas de poder que rodearon la adjudicación y posterior colapso del contrato con Power Expectations.
Durante el interrogatorio, la exfuncionaria ofreció detalles incisivos sobre cómo operaba la toma de decisiones entre la AEE, la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas (AAPP), la Oficina Independiente de Adquisiciones (Third Party Procurement Office o 3PPO) y la figura del Zar de Energía, el ingeniero Josué Colón Ortiz.
Al ser confrontada directamente por los legisladores sobre si se sintió utilizada durante el proceso de contratación y la solicitud de sustitución de Enchanted Rock por Flotek sin su conocimiento previo, Zapata Acosta expresó la incomodidad vivida:
«Decirle que me sentí utilizada… no sé si ese es el adjetivo en todo esto. Pero el hecho de que no recibí información que en mi opinión era información importante en todo este proceso y para que el proceso realmente se hiciera de forma transparente… pues definitivamente ha sido una situación bien incómoda, porque no tuve la oportunidad de poder actuar».
Posteriormente, a preguntas sobre su relación y el trato recibido por parte de Josué Colón Ortiz, la ingeniera rechazó el término «traicionada», pero admitió su sentir:
«No traicionada… como le dije, decepcionada».
Aparece la querella anónima del PFEI y falta de notificación
En el turno de preguntas sobre las querellas y controversias en torno a la gerencia de Power Expectations, Zapata Acosta confirmó que existía una querella anónima ante el Panel del Fiscal Especial Independiente (PFEI). Cuestionada sobre si Colón Ortiz estaba al tanto de dicha querella, la exdirectora sostuvo que él también había recibido el informe de resolución del PFEI. Sin embargo, denunció que no se le notificó sobre reuniones ni gestiones paralelas realizadas con abogados o partes interesadas.
Al indagar sobre la conducta de omisión de información por parte de Colón Ortiz, Zapata Acosta fue enfática al describir su estilo de mando:
«Es una omisión más de información de otras tantas que él ha omitido dentro de lo que es su estilo de trabajo… el estilo dictatorial de trabajo».
Al abundar sobre cómo ese estilo afectaba las labores operativas de la AEE, añadió:
«El hecho en sí de omitir información y él tomar la decisión de que él no tiene que compartir cierta información con las partes involucradas, pues ya es una muestra de que es un poco más fuerte en este caso que en el pasado».
Zapata Acosta reiteró que, bajo el esquema actual, la dirección de la AEE se encuentra en una posición paradójica donde asume la responsabilidad legal final sin tener el control del proceso competitivo previo. Explicó que la 3PPO y la AAPP le ocultaron información crucial y que la 3PPO incluso se negó a entregar documentos bajo el pretexto de que su contrato había expirado el 30 de junio de 2026.
«Yo lo que necesito saber es la información necesaria para yo poder ejecutar mi función de directora ejecutiva de la Autoridad de Energía Eléctrica y la información que necesito saber para yo poder firmar un documento a conciencia. Después no vengas a preguntarme que por qué esto no ha salido, porque hasta que yo no esté convencida de que lo que voy a firmar es lo correcto, yo no lo voy a firmar».
Asimismo, cuestionada sobre si la AEE falló en la exigencia de la fianza de ejecución a Power Expectations, Zapata Acosta desmintió rotundamente las versiones vertidas por la empresa:
«La Autoridad no falló… Power Expectations no sometió la fianza dentro del término… El contrato no exige que se le provea el lenguaje, solamente exige que la fianza tiene que ser por tanta cantidad… Ese documento nunca llegó».
A pesar de señalar las severas fallas de comunicación y las tensiones jerárquicas, la exdirectora defendió haber firmado el contrato original el 10 de junio de 2026, asegurando que actuó en estricto cumplimiento de la ley y con las autorizaciones de la Junta de Gobierno de la AEE, el Negociado de Energía y la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) en mano:
«Como directora ejecutiva, pues asumo mi responsabilidad. Yo firmé el contrato y definitivamente yo soy responsable de eso. Y porque soy responsable de eso, me ocupé de tener toda la documentación que me faculta en ley para esa firma, y cuando lo firmé, lo firmé a conciencia de que tenía toda la documentación en ley necesaria que sustentaba la firma de ese contrato».
Al concluir esta parte de su intervención, Zapata Acosta sugirió a los legisladores la necesidad urgente de reformar los procesos de contratación energética en Puerto Rico, abogando por reestablecer reglamentaciones claras para evitar que el manejo de la red eléctrica quede a merced de la «interpretación o al parecer de una entidad gubernamental».