Mientras era director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), Josué Colón, consultó a la Oficina de Ética Gubernamental si podía ocupar un puesto directivo en LUMA Energy, mientras mantenía su posición al frente de la corporación pública y participaba en asuntos relacionados con el contrato del operador privado.
La consulta dio paso a una determinación que concluyó que no podía ocupar un puesto directivo en LUMA durante los dos años siguientes a su salida de la AEE.
La consulta, presentada el 6 de diciembre de 2022, ocurrió días después de la reunión de la Junta de Gobierno de la AEE del 30 de noviembre, en la que se aprobó la Carta-Extensión del contrato de LUMA. Según el expediente judicial presentado posteriormente, Colón participó de esa reunión y se expresó a favor de la extensión, afirmando que se actuaba conforme a las leyes vigentes.
La opinión de Ética Gubernamental, emitida el 10 de enero de 2023, determinó que las restricciones aplicables a los exservidores públicos impedían que Colón asumiera un puesto directivo o cualquier otro cargo en LUMA durante dos años a partir de su renuncia. La agencia fundamentó su determinación, entre otros aspectos, en el acceso de Colón a información confidencial y privilegiada de la AEE y en su continua interacción con LUMA como parte del contrato de alianza.
Colón ahora cuestiona la validez de la extensión contractual y ha pedido la cancelación. En la reconvención presentada en el pleito, LUMA y la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas alegan que Colón cambió posteriormente su postura y pasó a cuestionar la validez de una extensión que había respaldado durante su gestión en la AEE.