El Departamento de Justicia de Puerto Rico, a través de la Unidad de Control de Fraude al Medicaid (MFCU), presentó 80 cargos criminales contra Vladimir Rosa Solá y Giselle Alvarado Pérez, administradores del hogar Mi Nuevo Hogar en Cidra, por actos de maltrato, discriminación y negligencia contra pacientes geriátricos y psiquiátricos bajo su cuidado, incluyendo un cargo de homicidio negligente tras la muerte de una de las residentes.
De acuerdo con la investigación liderada por la fiscal Brenda Rosado Aponte y la agente Tania Mora Pagán, los imputados privaron a los pacientes de la atención médica y los tratamientos individualizados requeridos para sus diagnósticos, a pesar de que contaban con plan de salud. Asimismo, se reveló que Rosa Solá y Alvarado Pérez usaron las identidades de médicos sin autorización para validar el proceso de licenciamiento del establecimiento ante la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (ASSMCA), entidad que posteriormente procedió con el cierre de la institución.
El informe detalla que una de las pacientes fue traslada a una institución hospitalaria en estado delicado y con un evidente deterioro físico a causa del descuido, donde posteriormente falleció.
“Las personas que reciben servicios de salud mental merecen atención adecuada, protección y un trato digno. Quienes asumen su cuidado tienen la responsabilidad de procurar que reciban los servicios que necesitan para atender sus condiciones. Este caso refleja las graves consecuencias que puede tener incumplir con ese deber. Desde el Departamento de Justicia actuaremos con firmeza ante conductas que pongan en riesgo la salud, la seguridad y la vida de pacientes que dependen de otros para recibir su cuidado”, aseveró la secretaria de Justicia, Lourdes L. Gómez Torres.
La pesquisa concluyó además que la instalación defraudó programas del Gobierno al percibir fondos del Departamento de la Familia por servicios esenciales de salud que nunca fueron provistos. Ante esto, el Ministerio Público solicitó una restitución económica total de $33,595.48.
Cada imputado enfrenta 40 cargos que incluyen negligencia en el cuidado, maltrato a personas de edad avanzada, apropiación ilegal, uso ilegal de identidad, posesión y traspaso de documentos, discrimen en servicios de salud mental y homicidio negligente.
La jueza María Hernández Calzada, del Tribunal de Primera Instancia de Caguas, halló causa para arresto en todos los cargos presentados, imponiendo una fianza de $20,000 a cada uno con supervisión electrónica. La vista preliminar quedó pautada para el próximo 30 de septiembre.