La Comisión de Hacienda, Presupuesto y PROMESA del Senado de Puerto Rico, presidida por la senadora Migdalia Padilla Alvelo, celebró la cuarta vista pública sobre la Resolución del Senado 461 para analizar el impacto económico del arbitrio al petróleo crudo y sus derivados, conocido como “la crudita”, sobre los consumidores y los negocios locales.
Durante la audiencia, la senadora Padilla recordó que los recaudos de este arbitrio ingresan actualmente al Fondo General y rondan los $500 millones anuales. La legisladora enfatizó la necesidad de buscar alternativas de alivio sin desbalancear las finanzas públicas.
“Examinar qué ocurre con la ‘crudita’ es un gran reto, pero no es imposible encontrar juntos la mejor solución. Esta discusión debe formar parte de una reforma contributiva bien diseñada y accesible, que examine cuánto se recauda y cómo se utilizan esos recursos. El pueblo ha expresado su preocupación y nos corresponde escuchar y actuar con responsabilidad”, expresó la senadora Padilla en las declaraciones reseñadas en el comunicado.
En representación de la Asociación de Industriales de Puerto Rico, el Lcdo. Carlos Serrano y la Lcda. Karen Mojica respaldaron la investigación legislativa. Serrano explicó que el arbitrio suma $15.50 por barril y que, aunque en su origen se creó para financiar a la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT), hoy sus ingresos van destinados al Fondo General.
“Ciertamente, la solución que se identifique tiene que ser fiscalmente sostenible, dentro del Plan Fiscal vigente, bajo la Ley PROMESA y debe representar un alivio sustancial al cliente industrial, comercial y de otros sectores que sostienen los recaudos y la producción de Puerto Rico”, sostuvo Serrano ante la Comisión.
Por su parte, el Centro de Unidos de Detallistas (CUD), representado por su presidente Alan Taveras Sepúlveda, solicitó una reducción sustancial e inmediata del arbitrio, seguida de un plan gradual para su eliminación. Taveras destacó que la carga económica golpea fuertemente a las pequeñas y medianas empresas (PYMES), que además enfrentan altos costos operacionales al tener que utilizar generadores y diésel durante los apagones.
“Desde Puerto Rico no se puede controlar el precio internacional del petróleo, pero sí se decide cuánto cuesta hacer negocios en la isla”, afirmó Taveras.
El autor de la medida, el senador Wilmer Reyes Berríos, coincidió en que el arbitrio encarece el transporte de mercancías y alimentos, afectando el presupuesto familiar y comercial. La Comisión continuará recopilando información técnica para emitir sus recomendaciones sobre la política contributiva de los combustibles en la Isla.