La exjefa de la Administración de Desarrollo Socioeconómico de la Familia (ADSEF), Blanca Minerva Medina Díaz, afirmó bajo juramento que recibió instrucciones de la secretaria del Departamento de la Familia, Suzanne Roig Fuertes, para dar prioridad a la firma de un contrato con NOLA Education, LLC – Star Academy, pese a que funcionarios legales y programáticos de la agencia le advirtieron que el acuerdo no cumplía con los requisitos para utilizar fondos federales del programa Temporary Assistance for Needy Families (TANF).
Según la declaración jurada, Medina Díaz fue nombrada administradora de ADSEF el 6 de abril de 2026 y, dos días después, fue citada por Roig Fuertes para entregarle documentos y discutir la agenda de trabajo.
Fue en esa reunión, según Medina Díaz, que Roig le planteó que su “primera prioridad” debía ser firmar el contrato con NOLA Education. La administradora sostiene que recibió esa instrucción “sin que se me proveyera evaluación técnica, análisis programático ni justificación conforme a la reglamentación estatal o federal aplicable”.
Medina Díaz, quien trabajó durante 35 años en ADSEF en distintas posiciones de alto nivel, incluyendo subadministradora y directora de varios programas, decidió consultar con la Oficina de Asuntos Legales y el equipo programático de la agencia.
El resultado de esas consultas, según su declaración, fue que el contrato no podía ser firmado ni financiado con fondos TANF debido a que no cumplía con los requisitos federales, la normativa aplicable y los usos permitidos bajo ese programa.
La administradora sostiene además que ADSEF no había participado en las etapas fundamentales del proceso de contratación.
“ADSEF no diseñó el proceso de solicitud de propuestas (RFP), no evaluó las propuestas recibidas, ni intervino en la adjudicación del proyecto relacionado al contrato de NOLA Education, LLC – Star Academy”, declaró.
Según Medina Díaz, la agencia tampoco tuvo participación en la planificación, análisis, evaluación técnica o recomendación de adjudicación. Por ello, sostiene que el proceso se llevó a cabo “completamente fuera de los canales regulares” y sin la intervención de la agencia responsable del manejo y administración de los fondos TANF.
La declaración jurada señala que ADSEF cuenta con un Comité de Evaluación de Solicitudes de Propuestas para proyectos financiados con TANF. Ese organismo está compuesto, entre otros, por especialistas del programa TANF, representantes de Finanzas y Recursos Humanos, la directora del Programa TANF y un presidente del comité.
Según Medina Díaz, ese comité constituye el ente oficial encargado de evaluar las propuestas que buscan ser adjudicadas utilizando fondos TANF.
Medina Díaz afirma que, después de comunicar que el contrato no podía ser firmado, comenzó a recibir llamadas de la Secretaría del Departamento de la Familia para darle seguimiento al acuerdo.
Según su declaración, esas llamadas tenían como propósito insistir en que procediera con la firma, aun cuando ya había informado que el contrato no cumplía con los requisitos legales y programáticos aplicables, incluyendo las restricciones de TANF.
El 30 de abril, Roig Fuertes la citó junto a su equipo de trabajo para discutir un proyecto de digitalización. Antes de comenzar la reunión, según Medina Díaz, la secretaria le solicitó reunirse aparte con ella y su asesora legal, la licenciada Gisela Rodríguez Algarín.
En ese encuentro estuvieron presentes también el subadministrador de ADSEF, Juan Avilés Silvestry, y la asesora legal de la secretaria, licenciada Nicole Báez Ortiz.
Medina Díaz afirma que Roig volvió a preguntar por qué no se había firmado el contrato con NOLA Education. Rodríguez Algarín, según el relato, explicó nuevamente las razones legales y programáticas por las que el acuerdo no podía ejecutarse.
Fue entonces, de acuerdo con la declaración, que la secretaria y su asesora legal plantearon que “había que buscar alternativas” para viabilizar la firma del contrato.
El 13 de mayo, Medina Díaz sostuvo otra reunión con funcionarios legales y programáticos de ADSEF, así como con la asesora legal de la secretaria.
Según la declaración, la asesora legal de Roig continuaba insistiendo en que se buscaran alternativas para hacer posible la firma del contrato.
Medina Díaz sostiene que en esa reunión reiteraron que el acuerdo no podía firmarse y enumeraron varias preocupaciones sobre el proceso.
Entre ellas, señaló que ADSEF no había recibido las propuestas sometidas al RFP; que las invitaciones enviadas para el proceso no habían sido manejadas ni recibidas por la agencia; y que dos de las compañías que, según se les informó, habían presentado propuestas se especializaban en agricultura, jardinería y manejo ambiental, actividades que, según Medina Díaz, no guardaban relación con los propósitos del programa TANF.
Sobre una tercera compañía, indicó que no encontraron récord público ni evidencia de la petición del RFP.
Ante lo que describió como un “ambiente de presión constante e insistencia reiterada” de parte de la secretaria para que procediera con la firma del contrato, Medina Díaz declaró que se sentía “agobiada y preocupada por la improcedencia del proceso”.
Fue entonces cuando decidió enviar una carta a Roig Fuertes para dejar constancia formal de sus objeciones.
Según la declaración jurada, en esa comunicación Medina Díaz estableció que ADSEF no había participado en el proceso, en el manejo de las propuestas ni en la adjudicación del RFP, y documentó los procesos administrativos que, a su juicio, debían cumplirse conforme a la normativa aplicable.
La funcionaria sostuvo que la carta tuvo como propósito dejar constancia formal de las irregularidades que había observado y de las razones por las cuales entendía que el contrato no podía ser firmado por ella.
La declaración jurada llega hasta una reunión convocada para el 20 de mayo en la oficina de Roig Fuertes. En el documento, Medina Díaz indica que en esa ocasión volvió a reunirse por separado con la secretaria y una ayudante especial de esta, aunque las páginas suministradas no incluyen el resto de su relato.