La Asociación de Industriales de Puerto Rico (AIPR) presentó un recurso de Amicus Curiae ante el Tribunal Supremo para defender la certeza jurídica de la contratación gubernamental en la controversia sobre la validez de la extensión del contrato de LUMA Energy, informó el martes su principal oficial ejecutiva, Karen Mojica Franceschi.
“Una decisión adversa erosionaría la credibilidad internacional de la Isla al enviar el mensaje de que los compromisos gubernamentales pueden alterarse retroactivamente. Esto amenazaría proyectos futuros de infraestructura bajo el modelo de Alianzas Público-Privadas (APP) en áreas clave como carreteras, puertos, aeropuertos, sistemas de agua, vivienda, telecomunicaciones y energía, además de arriesgar las cadenas de suministro industriales por una transición abrupta en la red”, expresó Mojica Franceschi en declaraciones escritas.
El recurso aborda la controversia sobre la carta que extendió el contrato para la operación y mantenimiento del sistema de transmisión y distribución eléctrica otorgado a LUMA.
Según Mojica Franceschi, el planteamiento de la Asociación de Industriales no está dirigido a evaluar el desempeño del operador o el cumplimiento de sus métricas, sino las consecuencias jurídicas y económicas que tendría invalidar un acuerdo suscrito por el propio gobierno.
La ejecutiva sostuvo que LUMA actuó de buena fe bajo la extensión e hizo inversiones de capital amparada en ese acuerdo. Cuestionar posteriormente su validez, planteó, entra en conflicto con la doctrina de actos propios y con el principio de que los contratos válidamente pactados deben cumplirse en sus términos.
“El propósito fundamental de la comparecencia es defender la seguridad jurídica y el respeto a la contratación gubernamental al amparo de las Leyes 29-2009 y 120-2018”, afirmó Mojica Franceschi.
Mediante la figura de Amicus Curiae, la Asociación de Industriales no se convierte en parte del litigio, sino que presenta al tribunal su análisis sobre las posibles repercusiones económicas de la controversia.
Mojica Franceschi advirtió que invalidar la extensión podría afectar la confianza en futuros proyectos desarrollados mediante alianzas público-privadas, incluidos proyectos de carreteras, puertos, aeropuertos, sistemas de agua, vivienda, telecomunicaciones y energía.
El sector manufacturero representa el 45 por ciento del Producto Interno Bruto, según los datos citados por la Asociación de Industriales, y depende del servicio eléctrico para mantener las operaciones de industrias reguladas como la farmacéutica, biotecnología y fabricación de dispositivos médicos.
Independientemente de quién opere el sistema eléctrico, Mojica Franceschi sostuvo que el sector manufacturero requiere estabilidad institucional, certeza contractual y continuidad operacional para mantener su competitividad global.