Blanca Medina, recién destituida como administradora de la Administración de Desarrollo Socioeconómico de la Familia (ADSEF), testificó este miércoles ante el Senado y afirmó que recibió presiones de la secretaria de la Familia, Suzanne Roig, para firmar un supuesto contrato de 38 millones de dólares con una empresa de educación.
Según recogieron medios locales, la extitular de ADSEF aseguró que se negó a rubricar los documentos ante las dudas que tenía sobre el proceso y el uso de los fondos y denunció los presuntos hechos ante la gobernadora, Jenniffer González y el exsecretario de la gobernación, Francisco Domenech.
Por su parte, Roig negó las previas acusaciones de Medina ante la Comisión de Familia, Mujer, Personas de la Tercera Edad y Población con Diversidad Funcional del Senado, en una audiencia centrada en las controversias relacionadas con el programa educativo 'Star Academy' y la destitución de Medina.
"No podemos confundir seguimiento con presión", sostuvo la titular de Familia, y agregó entre lagrimas que ha sido "atacada como persona, como mujer, como profesional, como servidora pública, mi gestión pública".
El senador independiente Eliezer Molina realizó un cuestionario a Roig que tuvo que responder afirmativo o negativo a las preguntas.
Roig hizo hincapié en que no enfrenta acusaciones formales y defendió su disposición a comparecer ante el Senado y responder ante los legisladores.
"Vengo aquí en la mejor de las actitudes, con el compromiso y con mi frente en alto a responder las preguntas y a darle a esta comisión todas las respuestas, pero también con las evidencias", aseveró la secretaria.
Por otro lado, el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, también interrogó a Roig para saber si las compañías, Lirotal Vivo Corp. y Cocoloba AgroEnvironmental LLC, habían sometido propuestas para el contrato de 38 millones de dólares.
La funcionaria respondió que las empresas sometieron documentación que ella considera como propuestas.
Anteriormente, la secretaria de la Familia explicó en declaraciones escritas que el documento que ha sido presentado públicamente como supuesto contrato no contiene la firma de ninguna de las partes, elemento indispensable para sostener que se trata de un acuerdo formalmente suscrito.