Los puertorriqueños no aguantan otro impuesto más.
El alza en los servicios de agua, luz, alimentos continúa extorsionando la clase trabajadora del país. Por eso, La Asociación de restaurantes de Puerto Rico (ASORE) y la Cámara de Mercadeo, Industria y Distribución de Alimentos (MIDA), coincidieron en que la Legislatura debe buscar la manera de amortiguar el golpe económico a través de la famosa «crudita».
La crudita es un impuesto al petróleo crudo y sus derivados que fue aprobado en el año 2015. Esto lo que provocó fue elevar el precio del petróleo y se creó para dar liquidez al Banco Gubernamental de Fomento y pagar deudas de la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT).
En ese año, la Asamblea Legislativa creó otro arbitrio que junto al existente, elevó la carga de $15.50 por barril. Los recaudos de este arbitrio pasaron a formar parte de los modelos financieros del Plan de Ajuste y de las proyecciones de los planes fiscales certificados por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF).
La evaluación de la crudita se llevó a cabo en la Comisión de Hacienda, Presupuesto y PROMESA que lidera la senadora Migdalia Padilla Alvelo bajo la radicación de la Resolución del Senado 461.
De acuerdo con ASORE, la industria cuenta con sobre 4,900 establecimientos activos de los que el 80% son pymes (pequeñas y medianas empresas) que generan aproximadamente 74,000 empleos directos y 112,000 empleos directos e indirectos.
El Estudio de la Industria de Restaurantes 2026 de la Asociación, basado en 735 establecimientos, reflejó que el «75% de los restaurantes opera con márgenes netos inferiores al 8%, frente al 43% que se encontraba en esa situación en 2025. Además, el 46.2% reportó ventas por debajo del año anterior y el 49% genera menos de $1 millón en ventas anuales».
En otras palabras, la industria de los restaurantes en la Isla depende directamente del costo del combustible. Ya el Departamento de Hacienda en una vista pública previa, había enfatizado que la carga de $15.50 por barril equivale a unos 36.9 centavos por galón, pero que esa eliminación no estaba garantizando una reducción al precio final.
Mientras, la Oficina de Gerencia y Presupuestos (OGP) ya había advertido que legislar sobre este tema debería al menos incluir mecanismos para que el alivio realmente llegue al consumidor y no se limite a los distribuidores de la cadena de suministro.
Por tanto, la ASORE concluyó que el impacto del combustible en los restaurantes es directo. «Cada aumento en el combustible se incorpora a los cargos de los suplidores y distribuidores, ya sea en el precio unitario o mediante recargos por combustible. Una parte creciente de las ventas depende de la entrega a domicilio, cuyo costo está directamente atado al precio de la gasolina», reza el documento entregado al Senado.
Según los precios de referencia del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) al «1 de octubre de 2026, el diesel se vende entre $1.45 y $1.53 por litro, equivalente a entre $5.49 y $5.79 por galón.4 A ello se suma la tarifa de 33.86 centavos por kilovatio hora aprobada por el Negociado de Energía para el trimestre de octubre a diciembre, un alza de 18.5%, de a cual 17.36 centavos corresponden a Ia cláusula de compra de combustible.5 El costa eléctrico de un restaurante, por to tanto, también responde at precio de los derivados del petróleo», agregó ASORE.
La industria de los restaurantes está operando actualmente con márgenes estrechos y una alta proporción de pymes.
«Cuando el costo del combustible aumenta, el comerciante absorbe el golpe en su margen o lo traslada al precio del menú, afectando al consumidor».
Recomendaciones de la ASORE a la Asamblea Legislativa:
Solicitaron que el informe final de la RS 461 pueda medir el efecto de la crudita sobre la cadena de distribución de alimentos, pymes y el efecto cascada en cada nivel de distribución, así como el impacto general en el costo de vida. Además, solicitaron que se evalúe un calendario escalonado para que el Gobierno pueda ajustar sus proyecciones fiscales y ofrezcan certeza a los sectores económicos.
De existir alivio gradual, se le pueda dar prioridad al diésel por ser el combustible responsable del transporte de la carga de alimentos; así como que se acoja las recomendaciones del Instituto de Estadísticas para establecer un tablero público que indique los precios de la gasolina, el diésel y gas propano.
«La Asociación confía en que el informe final ofrezca recomendaciones que alivien el costo del combustible para comerciantes y consumidores, sin trasladar la carga de la actividad comercial y dentro del marco fiscal vigente», determinó la doctora Sonia Navarro, presidenta de la ASORE.
Por su parte, el licenciado Manuel Reyes Alfonso, vicepresidente ejecutivo de MIDA, también coincidió en que el costo del combustible incide directamente sobre los alimentos al aumentar los costos de transporte. La MIDA insistió ante la Comisión en el Senado, de que era más que necesario priorizar la realización de una reforma contributiva integral.
«Proponemos obligar la devolución del exceso en recaudos como para trabajar circunstancias particulares como ocurre en este momento con los combustibles y la guerra de Irán. Entendemos que Puerto Rico puede actuar rápidamente de manera similar (a otras jurisdicciones), para ofrecer un alivio a todos los comercios y consumidores», insistió Reyes Alfonso.
La MIDA mostró varios ejemplos de países como Australia, cuando el pasado mes de marzo anunció que reduciría a la mitad el arbitrio sobre gasolina y diésel durante tres meses. Mientras, en Canadá, se suspendió temporalmente reduciendo las tasas a cero.
«Todo lo anterior evidencia que diversos gobiernos utilizaron reducciones temporales de impuestos al combustible para mitigar el impacto inmediato sobre el costo de vida y la actividad económica.De lo que no puede quedar duda es de la necesidad imperativa de que se tomen medidas paliativas urgentes ante el incremento en costos provocado por Ia guerra y los aranceles, tal y como ya lo han hecho multitud de estados y países», puntualizó.