Un gran jurado federal emitió una acusación formal de nueve cargos contra tres ciudadanos dominicanos tras el naufragio de una embarcación dedicada al tráfico ilegal de personas cerca de la Isla de Mona, el cual dejó un saldo trágico de tres muertos y dos desaparecidos.
El fiscal federal Héctor Ramírez Carbó informó durante una rueda de prensa que el pliego acusatorio responsabiliza a los imputados por operar la travesía en condiciones de extremo peligro.
«En específico, el Gran Jurado emitió una acusación formal de nueve cargos contra tres ciudadanos de la República Dominicana en relación con una operación de tráfico humano que naufragó cerca de la Isla de Mona, provocando la muerte de tres personas y dos individuos que permanecen desaparecidos», sostuvo Ramírez Carbó
Los acusados fueron identificados como Máximo Alexander Castillo Cabrera, Víctor Alfonso Montilla Espíritu Santo y Danny de la Rosa Mercedes. Según la investigación, los primeros dos conspiraron para cobrar miles de dólares a migrantes indocumentados. Por su parte, De la Rosa Mercedes enfrenta cargos por desatar actos de violencia extrema dentro del navío.
«El tercer acusado, Danny de la Rosa Mercedes, enfrenta un cargo por cometer e intentar cometer actos de violencia contra varias personas a bordo de una embarcación, poniendo en riesgo y en peligro la estabilidad y seguridad del navío. De la Rosa Mercedes agredió e intentó agredir a más de una persona a machetazos mientras se encontraba a bordo de la embarcación, provocando la inestabilidad de la embarcación y el subsiguiente naufragio y el saldo de tres personas muertas y dos desaparecidas», detalló el fiscal federal.
Rescate multinacional de 49 sobrevivientes
Las operaciones combinadas de la Guardia Costera de EE. UU., Operaciones Aéreas y Marítimas de CBP, la unidad FURA de la Policía de Puerto Rico y un navegador particular permitieron rescatar con vida a 49 migrantes de nacionalidad dominicana y haitiana. De igual forma, las autoridades recuperaron los cuerpos de tres hombres dominicanos.
«Gracias a la heroica respuesta de las autoridades estatales y federales, 49 pasajeros de la embarcación fueron rescatados. Entre los rescatados se encuentran ciudadanos y nacionales de la República Dominicana y de Haití. Las autoridades también rescataron los cuerpos sin vida de tres hombres de nacionalidad dominicana», indicó Ramírez Carbó.
De ser hallados culpables, los acusados enfrentan penas severas bajo el código penal federal por conspiración, violencia en la navegación marítima y tráfico de personas resultando en muerte.
«De ser declarados culpables, los acusados enfrentan las siguientes penas posibles: una pena de hasta 10 años de prisión con un mínimo de tres años de prisión por conspirar para introducir extranjeros ilegales con fines de lucro; una pena máxima de cadena perpetua por introducir determinados extranjeros ilegales resultando en muerte; una pena máxima de cadena perpetua o pena capital por actos de violencia contra la navegación marítima que resulten en muerte; y hasta seis meses de prisión por los cargos de entrada ilegal al país», explicó el funcionario.
Ramírez Carbó advirtió que la Fiscalía Federal no limitará sus esfuerzos a procesar a los capitanes de la yola, sino que continuará rastreando la red intelectual y financiera detrás del cruce a través del Homeland Security Task Force (HSTF) en colaboración con las autoridades de la República Dominicana.
«No vamos a descansar con meramente acusar a las personas que estaban en el navío dirigiendo esta operación. Vamos a ir más allá. Estamos en coordinación con las autoridades dominicanas y los acuerdos de colaboración que tenemos entre agencias federales y los diferentes países para dar con las personas que estaban organizando estas travesías. Esto tiene que terminar», aseveró Ramírez Carbó.
El fiscal concluyó recordando los graves riesgos del Canal de la Mona, donde los traficantes cobran hasta $5,000 por viaje en embarcaciones frágiles y sobrecargadas. Ramírez Carbó exhortó a la ciudadanía a recurrir únicamente a las vías legales y recordó que a todos los acusados les asiste la presunción de inocencia hasta que se demuestre lo contrario en el tribunal federal.