El ingeniero eléctrico, John Alvendia, dueño y fundador de NOLA Education y Star Academy, se encuentra en medio de la controversia que rodea a la secretaria del Departamento de la Familia, Suzanne Roig, por supuestamente haber estado vinculado laboralmente a JRL Enterprises hace casi dos décadas.
Según las publicaciones, en 2007 varias personas relacionadas con contratos adjudicados a esa empresa se vieron implicadas en un caso criminal relacionado con el pago de $140,000 dólares en sobornos al líder de una junta escolar de Nueva Orleans.
El caso estaba relacionado con la obtención de contratos para el programa educativo “I CAN Learn”, anterior a la fundación de NOLA Education. Asimismo, se ha cuestionado el desempeño de esta última compañía y de su programa Star Academy en distintos lugares de Estados Unidos.
Ante estas alegaciones, NOLA Education aclaró que Alvendia trabajó para JRL Enterprises “mucho antes de su rol con NOLA Education”.
“El asunto al que se hace referencia se remonta a ese periodo e involucró a personas relacionadas con contratos adjudicados a JRL Enterprises, empresa para la cual el señor Alvendia trabajaba entonces. El señor Alvendia no fue acusado de delito alguno en relación con ese caso y dejó la compañía en 2008”, indicó la empresa en una comunicación escrita.
La compañía también rechazó cualquier insinuación que vincule directamente al empresario con una conducta delictiva. “Cualquier afirmación o insinuación de que el señor Alvendia fue acusado o estuvo implicado en conducta delictiva asociada a ese caso no es consistente con el récord público”, añadió.
Por otro lado, el programa Star Academy que ha sido implementado en decenas de escuelas de varios estados fue retirado de una escuela en Virginia Occidental por resultados desfavorables. También operó sin éxito en centros de Kentucky, Arkansas y Chicago.
Además, se ha indicado que en varios estados los contratos fueron financiados con fondos federales del programa de Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (TANF), una fuente de financiación que también se pretendía utilizar para el contrato objeto de la controversia en Puerto Rico.