En un movimiento determinante para frenar el impacto económico en la tarifa eléctrica de Puerto Rico, la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas y la Oficina del Zar de Energía, dirigida por el ingeniero Josué Colón Ortiz, hicieron públicas una serie de directivas dirigidas a resolver la crisis generada por la interrupción en la entrega de gas natural. A través de cartas enviadas a New Fortress Energy, Genera PR y la Oficina del Administrador del Contrato, el Gobierno emplazó a los actores involucrados a reanudar el suministro de manera inmediata, al tiempo que dio paso a acciones legales y contractuales para cobrar los sobrecostos millonarios provocados por la quema de diésel.
La controversia surge a raíz de la decisión de New Fortress Energy de detener el despacho de gas natural mediante el barco Amur River hacia la terminal de San Juan. La empresa atribuyó la medida a supuestas dudas sobre facturas pendientes y retenciones administrativas ligadas a resoluciones del Negociado de Energía. Sin embargo, la administración gubernamental rechazó de forma tajante este argumento, aclarando que la Autoridad de Energía Eléctrica se encuentra al día con sus pagos bajo el contrato de compraventa. El Gobierno enfatizó que no existe justificación contractual para detener el envío de combustible y fijó un plazo de 24 horas para que la empresa entregue un plan detallado de reanudación del servicio.
El impacto de esta interrupción ha sido severo para el sistema energético y los consumidores. Al no contar con gas natural, centrales clave como San Juan 5 y 6 han tenido que operar con diésel, un combustible considerablemente más costoso que genera un sobrecosto estimado en 1.25 millones de dólares diarios. Ante esta pérdida acumulada desde el 16 de septiembre, la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas ordenó al administrador del contrato iniciar de inmediato el proceso formal de reclamación e indemnización por faltante de entrega, aplicando las penalizaciones contractuales correspondientes para que la empresa asuma el costo financiero de la crisis.
Finalmente, las misivas atienden el posible conflicto de interés de Genera PR, empresa encargada de la operación de las plantas pero afiliada corporativamente a New Fortress Energy. Para garantizar la imparcialidad en la protección de los intereses del pueblo, la Autoridad determinó despojar a Genera PR de las negociaciones de suministro y otorgar el control directo a la Oficina del Administrador del Contrato, entidad que buscará proveedores alternos de gas en el mercado. Con la publicación de estos documentos en sus plataformas oficiales, el Gobierno busca transparencia mientras exige responsabilidad estricta a los operadores privados del sector energético.