A raíz de los cuestionamientos de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) y los señalamientos de diversos sectores sobre la entrega de información confidencial de conductores al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), la gobernadora Jenniffer González defendió las actuaciones del gobierno asegurando que el proceso respondió a requerimientos federales obligatorios.
Durante sus declaraciones, la mandataria rechazó categóricamente las premisas de que la administración estatal haya obrado de forma voluntaria o irresponsable al ceder los expedientes de miles de inmigrantes. Según la postura oficial del Ejecutivo, las agencias locales operaron bajo el amparo de un mandato federal formal que exigía la divulgación de dichos documentos.
«Hay un subpoena federal contra el Departamento de Transportación y Obras Públicas requiriendo información de unas personas y ese subpoena fue lo que el Departamento de Transportación y Obras Públicas contestó», afirmó la gobernadora al justificar la entrega de los registros.
González insistió en que el documento que dio paso a la transferencia de datos se encuentra al alcance público en redes sociales, por lo que catalogó de incorrecto y carente de veracidad el argumento de que el gobierno local actuó por iniciativa propia. Asimismo, la ejecutiva enfatizó que las instrumentalidades gubernamentales en la isla están compelidas a acatar los requerimientos de la ley federal por encima de cualquier otro criterio.
«Hay un subpoena federal y las agencias del gobierno de Puerto Rico tienen que cumplir con los mandatos federales. Aquí no estamos en en en, ¿verdad?, en un incumplimiento. El decir que aquí se entrega documentación de manera irresponsable es huelga en términos de falsedad», sentenció la mandataria.