México busca ajustar los recursos del primer anexo de su presupuesto federal para 2027 dedicado a la diversidad sexual y de género, mientras Naciones Unidas advierte de desigualdades persistentes para esta población, especialmente en seguridad, educación y salud mental, pese a los avances legales.
El proyecto de Presupuesto de Egresos (gastos) incorpora por primera vez el anexo 33, que identifica 43.369 millones de pesos (unos 2.409 millones de dólares) en acciones y programas de distintas instituciones federales, según la propuesta entregada al Congreso.
El mecanismo no supone necesariamente que todos esos recursos sean nuevos, sino que permite identificar, coordinar y vigilar gastos relacionados con los derechos de la comunidad LGTBIQ+.
La subsecretaria de Egresos de la Secretaría de Hacienda, Bertha Gómez Castro, explicó este jueves ante la Cámara de Diputados que la propuesta se construyó entre marzo y agosto con varias instituciones y comprende intervenciones en salud, vivienda, trabajo, educación, cultura, seguridad y acceso a la justicia.
Su propósito, afirmó, es hacer visibles las acciones del Estado y “fundamentalmente también los recursos públicos que se destinan a su implementación”, además de generar información para evaluar sus resultados.
“El desafío ahora es cerrar las brechas entre los derechos reconocidos y las oportunidades reales”, agregó en su oportunidad Silvia Morimoto, represenante residente del PNUD en México.
Por su parte, el presidente de la Comisión de Diversidad de la Cámara de Diputados, Jaime López Vela, anunció que trabaja con Gómez Castro para readecuar algunas asignaciones antes de la aprobación del presupuesto.
Entre las prioridades mencionó recuperar el trabajo comunitario de prevención del VIH, impulsar programas para mujeres trans y otras personas vulnerables, combatir la violencia por prejuicio y ampliar oportunidades educativas y laborales.
También señaló conversaciones con la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano para definir cuántas viviendas del programa federal podrán beneficiar a personas LGTBIQ+ en situación de vulnerabilidad, sin precisar un número.
El debate presupuestario coincidió con la presentación en el Congreso del primer Índice de Inclusión LGTBIQ+ de México, elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y publicado originalmente en junio.
Con 51 indicadores agrupados en cinco dimensiones, el estudio sitúa al país en 0,64 puntos en una escala de cero a uno, en la que los valores más altos reflejan mayor inclusión.
Los peores resultados corresponden a seguridad personal y violencia (0,43) y educación (0,48), frente a mejores puntuaciones en participación política y cívica (0,84) y salud (0,75).
La coordinadora residente de la ONU en México, Allegra Baiocchi, destacó que el 28,7 % de la población LGTBIQ+ declaró haber tenido pensamientos suicidas o intentos de suicidio, el triple que la población general, según datos citados por el PNUD.
López Vela recordó que el anexo aún debe votarse en la Cámara de Diputados y anunció que buscará que su ejecución esté sujeta a supervisión.
“Tendremos que auditar esos recursos”, concluyó.