El Municipio de Santa Isabel presentó ante el Tribunal Supremo de Puerto Rico un recurso para solicitar la revisión de una sentencia que desestimó sus reclamaciones sobre varios terrenos situados en el barrio Playa. El ayuntamiento sostiene que las parcelas son de propiedad pública y que están ocupadas por la corporación privada Aquamak.
De acuerdo con el alcalde, Meldwin Rivera Rodríguez es necesario que se investigue a fondo la controversia sobre terrenos que en la documentación relacionada con Aquamak, corporación ocupante de la propiedad, figura como presidente el exalcalde Enrique “Quique” Questell Alvarado.
Según explicó Rivera Rodríguez, en entrevista con Primer Round de Magic 97.3, esta vinculación del exalcalde con la compañía plantea serios interrogantes sobre cómo se defendieron los intereses municipales durante su administración. La controversia también afecta a don Iluminado Martínez Pérez, un adulto mayor que ha vivido por más de cinco décadas en uno de los predios disputados y enfrenta un proceso de desalojo promovido por Aquamak.
La petición busca que el caso continúe, que se admita la presentación de pruebas y que sean escuchadas las entidades públicas que puedan tener derechos sobre los terrenos. La controversia también incluye a Iluminado Martínez Pérez, un adulto mayor que ha residido durante más de cinco décadas en uno de los predios y que afronta un proceso de desalojo promovido por Aquamak.
“Quien recibe la confianza del pueblo para ser alcalde tiene la obligación de defender lo que le pertenece a su gente. Si se dejó de proteger la propiedad municipal para favorecer una compañía vinculada al propio alcalde, eso sería fallarle al pueblo y traicionar la confianza que depositó en él. Esa es precisamente la situación que exigimos que se investigue y se esclarezca”, expresó Rivera Rodríguez.
El alcalde de Santa Isabel, solicitó además una investigación sobre la titularidad, los límites y el uso de las propiedades en disputa. Según explicó, una certificación del Registro de la Propiedad identifica al municipio como titular, desde el 9 de marzo de 1942, de la finca número 709, conocida como el antiguo Matadero o Club Náutico.
“Hay documentos que deben examinarse y preguntas que deben contestarse. Nuestro pueblo merece saber qué ocurrió, quién tomó las decisiones y si se protegieron los bienes municipales. No vamos a mirar hacia otro lado mientras se reclama como privado un espacio que entendemos le pertenece a Santa Isabel”, manifestó el alcalde.
El recurso presentado ante el Tribunal Supremo solicita que se revise la decisión que cerró las reclamaciones de Martínez Pérez y del Municipio contra Aquamak. El gobierno municipal busca que se permita continuar el caso, presentar prueba y escuchar a las entidades públicas que puedan tener derechos sobre los terrenos.
Rivera Rodríguez afirmó que la defensa del patrimonio municipal continuará y que evaluará otras vías para esclarecer las actuaciones relacionadas con la controversia.
“No descarto acudir a otros foros y a las agencias pertinentes para que se investigue lo que corresponda y llevar este caso hasta las últimas consecuencias. Defender a Santa Isabel es mi responsabilidad. No voy a renunciar a ella ni a dejar solos a nuestros pescadores, a nuestros adultos mayores y a nuestra gente”, concluyó.