La secretaria del Departamento de la Familia, Suzanne Roig Fuertes, enfrenta una demanda civil por daños y perjuicios, libelo y calumnia, junto a una empresa consultora y otros codemandados, en una controversia que podría representar una reclamación económica de al menos $2.5 millones, según documentos judiciales examinados por Prensa Abierta.
La acción fue presentada ante el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San Juan, por la empresa Coccoloba AgroEnvironmental LLC y el agrónomo Christian W. Torres Santana, quienes alegan haber sufrido daños económicos, comerciales, personales y profesionales como consecuencia de actuaciones que atribuyen a los demandados.
La reclamación incluye a LAP Consulting Group, Inc.; Luis A. Pedraza González; Ramón Rodríguez Montalbán; Misael E. Pérez Marrero; y Suzanne Roig Fuertes, además del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, aseguradoras y otros demandados identificados provisionalmente.
En el caso de Roig Fuertes, la demanda la identifica expresamente tanto en su carácter personal como en su capacidad oficial como secretaria del Departamento de la Familia.
El recurso judicial reclama indemnizaciones por alegados actos de culpa o negligencia, expresiones presuntamente difamatorias y violaciones al derecho constitucional a la honra y la reputación. También solicita una sentencia declaratoria y un interdicto permanente.
Según el documento, los demandantes solicitan que los codemandados respondan solidariamente por los daños que alegan haber sufrido.
La reclamación económica se desglosa en $1 millón por daños a la reputación comercial, credibilidad y buen nombre de Coccoloba AgroEnvironmental LLC, además de $500,000 por la alegada pérdida de ingresos y oportunidades de negocios presentes y futuras.
Por su parte, el agrónomo Christian Torres Santana reclama $850,000 por angustias mentales y daños a su reputación personal y profesional.
A estas cantidades se suman otros $150,000 por daños económicos especiales, para una reclamación total no menor de $2.5 millones.
La demanda también solicita que el tribunal imponga a los codemandados el pago de intereses, costas, gastos del litigio y honorarios de abogados, conforme a las disposiciones legales invocadas.
En cuanto al Gobierno de Puerto Rico, los demandantes solicitan que responda por los daños que eventualmente se demuestre fueron ocasionados por culpa o negligencia de funcionarios, agentes o empleados públicos, dentro de los límites establecidos por la Ley Núm. 104 de 1955.
El documento también solicita que se imponga responsabilidad a las aseguradoras codemandadas hasta los límites de sus respectivas pólizas.
La acción judicial invoca, además, disposiciones de la Ley de Libelo y Calumnia y el artículo II, sección 8, de la Constitución de Puerto Rico, que reconoce la protección de la honra, la reputación y la vida privada.
“El daño se manifiesta, muchas veces, en la duda sembrada y en la carga de convivir con una sospecha injusta”, lee la demanda.
La inclusión de Roig Fuertes en esta reclamación judicial ocurre en momentos en que su gestión al frente del Departamento de la Familia enfrenta cuestionamientos públicos y un proceso de investigación legislativa relacionado con contrataciones y actuaciones administrativas de la agencia.
Entre los asuntos bajo escrutinio figura la contratación de servicios por parte de la Administración de Desarrollo Socioeconómico de la Familia (ADSEF), particularmente el contrato de $38.5 millones relacionado con Nola Education LLC, que ha sido objeto de requerimientos de información y vistas públicas en el Senado.
La Comisión de Familia del Senado, presidida por la senadora Wandy Soto Tolentino, concedió recientemente hasta el 30 de octubre de 2026 para que Roig Fuertes y la exadministradora de ADSEF, Blanca Medina Díaz, entreguen documentación requerida como parte de esa investigación.
No obstante, los fragmentos disponibles de la demanda no establecen una relación entre la reclamación de Coccoloba AgroEnvironmental LLC y las controversias contractuales investigadas por el Senado.