La reforma judicial aprobada por el Senado fue rechazada por la jueza presidenta del Tribunal Supremo, Maite Oronoz Rodríguez, y por el Partido Popular Democrático (PPD), que denunciaron este viernes que la medida debilita el funcionamiento de la Rama Judicial y las garantías que protegen su independencia.
Tras su aprobación en el Senado tras la enmiendas de la Cámara, el Proyecto del Senado 1096, que establece una nueva Ley del Poder Judicial de Puerto Rico, queda ahora pendiente de la consideración de la gobernadora Jenniffer González Colón.
La medida, que derogaría la Ley de la Judicatura de 2003, establece cambios en la organización y funcionamiento de los tribunales y en la distribución de responsabilidades entre el pleno del Tribunal Supremo y quien ocupa la presidencia del mismo.
"Hoy se ha consumado una decisión legislativa de profunda gravedad para el orden constitucional de Puerto Rico", denunció Oronoz Rodríguez, quien señaló que la medida "trastoca el diseño constitucional de la administración judicial y amenaza con debilitar el funcionamiento de una de las tres ramas de gobierno".
Oronoz Rodríguez explicó en declaraciones escritas que la Constitución de Puerto Rico establece una distribución clara de responsabilidades: el Tribunal Supremo adopta las reglas para la administración de los tribunales y el juez presidente dirige esa administración.
"El proyecto aprobado desvirtúa esa distinción al trasladar al Pleno decisiones esenciales para ejercer la dirección administrativa, mientras mantiene sobre la Presidencia la responsabilidad constitucional de responder por el funcionamiento del sistema judicial", indicó.
A su juicio, "la separación de poderes y el sistema de pesos y contrapesos no son meras formalidades, sino garantías fundamentales de nuestra democracia".
"La Constitución no puede quedar subordinada a la voluntad de una mayoría legislativa, por amplia que esta sea. Si la Asamblea Legislativa entiende que debe modificarse la distribución de responsabilidades establecida en nuestra Constitución, el camino legítimo es proponer una enmienda constitucional y someterla a la consideración del pueblo de Puerto Rico", añadió.
La jueza presidenta insistió en que esta decisión trasciende cualquier diferencia política, ya que lo que está en juego "no es quién ejerce el poder hoy, sino el respeto a las instituciones que deben servirle al país mañana".
Por su parte, el portavoz del PPD en la Cámara de Representantes, Héctor Ferrer Santiago, denunció que la aprobación del Proyecto del Senado 1096 representa un intento del Partido Nuevo Progresista (PNP) de darle "un golpe de Estado a la Constitución de Puerto Rico", al alterar el balance de poderes.
"No se puede separar la autoridad de la responsabilidad y pretender que eso representa una reforma responsable. La mayoría del PNP tiene que explicarle al país por qué insiste en aprobar una medida que levanta serias preocupaciones sobre la independencia y el funcionamiento de una de las ramas de nuestro Gobierno", manifestó.
Tanto la jueza presidenta del Supremo como el portavoz del PPD emplazaron a la gobernadora a ejercer su facultad constitucional de veto y detener la medida.