La Oficina de la Contralora de Puerto Rico identificó cinco hallazgos en las operaciones del Municipio de Vega Alta, entre ellos pagos indebidos, inversiones de más de $962,000 en instalaciones ubicadas en terrenos ajenos al municipio, obras sin los permisos requeridos y deficiencias en las compras públicas.
“El informe reveló cinco hallazgos que afectan la gestión pública, la sana administración de fondos y el cumplimiento con la normativa vigente”, expresó la contralora Carmen Vega Fournier en declaraciones escritas.
El informe OC-27-34, publicado el miércoles, examinó operaciones administrativas y fiscales del municipio correspondientes al periodo del 1 de marzo de 2020 al 30 de junio de 2024. La Oficina de la Contralora emitió una opinión cualificada sobre el cumplimiento de las leyes y reglamentos aplicables.
Entre los señalamientos figura un pago indebido de 4,515 dólares por servicios relacionados con un sistema de emisión y procesamiento de multas de tránsito. Según la auditoría, el municipio recibió esos servicios entre septiembre y octubre de 2021, cuando no existía un contrato escrito vigente. El nuevo contrato se formalizó 39 días después del comienzo de los servicios.
Los auditores también examinaron inversiones en instalaciones deportivas construidas o remodeladas en terrenos cuya titularidad pertenece al Gobierno central. Entre las propiedades identificadas figuran el parque y la cancha del sector Carmelita, bajo titularidad del Departamento de la Vivienda, y la cancha Santa Ana, perteneciente al Departamento de Recreación y Deportes.
El informe establece que el municipio desembolsó aproximadamente 962,000 dólares por esas obras, de los cuales 755,177 dólares provinieron de fondos municipales y 207,191 dólares de reembolsos de seguros.
La Contralora advirtió que la falta de titularidad impide reconocer esas propiedades como activos municipales y representa un riesgo de pérdida de fondos si las agencias propietarias venden los terrenos o reclaman su devolución.
En otro hallazgo, la auditoría identificó trabajos por 172,080 dólares en el Nuevo Centro Dos Generaciones para los cuales el municipio no obtuvo las enmiendas requeridas al permiso de construcción y al permiso único.
Además, cuatro contratos de construcción por 1,482,089 dólares fueron formalizados sin que los contratistas entregaran previamente las fianzas exigidas para garantizar el cumplimiento de las obras y el pago de materiales y mano de obra. Las garantías se recibieron entre ocho y 240 días después de la firma de los contratos.
La investigación también detectó un pago de 2,500 dólares por trabajos de corrección de empozamientos en el techo del Centro Comunal de Sabana Hoyos que no se habían completado conforme al contrato. Durante una inspección realizada en enero de 2025, los auditores observaron que la estructura continuaba con filtraciones. El contratista efectuó reparaciones posteriormente, en marzo de ese año.
En el área de adquisiciones, la Oficina de la Contralora señaló una compra de uniformes de seguridad por 7,961 dólares sin las tres cotizaciones requeridas. También identificó un pago en exceso de 960 dólares por la adquisición de 1,000 mochilas escolares, debido a un error en la evaluación de las ofertas.
Los auditores encontraron, además, deficiencias en el registro y la documentación de las microcompras, lo que dificultaba verificar la utilización de ese procedimiento y mantener controles sobre las adquisiciones.
Otro señalamiento corresponde a donativos concedidos a una organización sin fines de lucro para la celebración de un carnaval. Según el informe, el municipio autorizó desembolsos por 25,000 dólares sin contar con evidencia de gastos de aportaciones anteriores y efectuó otro pago de 10,000 dólares sin formalizar previamente el contrato de delegación de fondos.
La auditoría atribuyó varias de las deficiencias a fallas de supervisión y al incumplimiento de procedimientos por parte de funcionarios municipales.
En sus comentarios al informe, la alcaldesa reconoció diversos señalamientos y sostuvo que el municipio había adoptado medidas correctivas. Sobre las inversiones en instalaciones deportivas, argumentó que los proyectos comenzaron bajo una administración anterior y que las propiedades han servido durante décadas a las comunidades.
Respecto a los trabajos del Centro Comunal de Sabana Hoyos, la administración municipal discrepó del señalamiento de pérdida económica y explicó que había retenido el 10 por ciento del contrato hasta que se corrigieran las deficiencias.
La Oficina de la Contralora evaluó las respuestas de la gerencia municipal, pero mantuvo los hallazgos.
Entre las recomendaciones figuran gestionar el recobro de fondos pagados indebidamente, verificar la vigencia de los contratos antes de recibir servicios, obtener los permisos y las fianzas correspondientes antes de ejecutar obras y fortalecer la fiscalización de las compras y los donativos.
El informe también recomienda a la Oficina de Gerencia y Presupuesto velar por el cumplimiento del plan de acción correctiva que debe implantar el municipio.