La Cámara de Diputados de Chile aprobó este miércoles una resolución en la que pide al presidente del país, José Antonio Kast, que destituya a su ministro de Justicia por haber autorizado rebajas de penas a medio centenar de pederastas, violadores y condenados por crímenes de lesa humanidad.
Por 68 votos a favor, 42 en contra y siete abstenciones, los diputados dieron luz verde a un documento impulsado por la oposición de izquierdas, que no es vinculante pero que aumenta la presión sobre el mandatario ultraderechista.
El titular de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat, se encuentra en el centro de las polémica desde que la semana pasada el medio nacional Interferencia revelara que 56 condenados por abusos sexuales y pederastia se beneficiaron de una reducción de condena a través de diferentes decretos firmados por su cartera entre marzo y septiembre de 2026.
La mayoría de los 56 abusadores y violadores quedaron en libertad, a los que se sumaron al menos dos condenados por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), de acuerdo la prensa local.
El medio Interferencia publicó en las últimas horas que también fueron beneficiados con rebajas de pena tres supuestos miembros de la banda transnacional Tren de Aragua.
La resolución parlamentaria, en la que también se solicitó la destitución de los dos subsecretarios de Rabat, fue aprobada con los votos de la izquierda, el centro y la derecha populista y contó con las abstenciones de varios diputados de la coalición de derecha y ultraderecha con la que gobierna Kast.
El mandatario reconoció el lunes que se cometió un "error", pero ratificó al ministro Rabat en el cargo, pese a las presiones de su propio sector y la amenaza de que la izquierda presente una solicitud de juicio político contra el ministro.
Rabat, que en el pasado integró el equipo jurídico que defendió a Pinochet en varios juicios, volvió a justificar este miércoles su gestión ante el Congreso y aseguró que existe un "vacío" en la legislación que permitió la liberación de los presos.
Según la legislación chilena, Gendarmería (policía carcelaria) es la responsable de elaborar un listado con los criminales que cumplen con los requisitos para acceder al beneficio por buen comportamiento, un documento que luego es revisado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos para su autorización final.
El ministerio, como ha ocurrido en Gobiernos anteriores, puede rechazar la solicitud y derivar la decisión final a los tribunales.
Desde 2022 existe una ley que excluye de este tipo de alivios a pederastas, pero no se puede aplicar de manera retroactiva y hay varios proyectos de ley en trámite para solucionar este vacío.
La polémica de las rebajas de pena ha hundido aún más la popularidad de Kast, que llegó en marzo al poder con la promesa de reactivar la economía y aplicar mano dura contra la delincuencia y la migración irregular.