El Gobierno brasileño entregará a la Policía Federal un detallado informe sobre las amenazas y agresiones denunciadas por comunidades indígenas supuestamente como represalia por la reelección de Luiz Inácio Lula da Silva en los comicios presidenciales del pasado domingo, aseguró este sábado el ministro de los Pueblos Indígenas, Eloy Terena.
El jefe de cartera integró una misión interministerial enviada por Lula a visitar dos aldeas de la etnia guaraní kaiowá en Mato Grosso do Sul, estado del sudoeste brasileño fronterizo con Paraguay y Bolivia, para recoger testimonios sobre una serie de episodios de violencia, entre ellos amenazas de envenenamiento del agua consumida por los indígenas.
La comitiva, integrada también por los ministros de Justicia, Wellington César Lima e Silva, y de Derechos Humanos, Janine Mello, visitó en la mañana de este sábado la aldea Taquapery,en el municipio de Coronel Sapucaia, y tenía previsto desplazarse posteriormente a la comunidad de Sassoró, en Tacuru.
La misión fue organizada después de que circularan en las redes sociales grabaciones atribuidas a un par de funcionarios de la Alcaldía de Tacuru en las que uno de ellos sugería envenenar el agua que consumen los indígenas.
La administración municipal confirmó que los dos hombres eran empleados públicos y anunció que los apartó de sus funciones mientras se tramitan procedimientos disciplinarios.
La Fiscalía informó que los análisis preliminares no detectaron contaminación en los pozos artesianos que abastecen a la comunidad, mientras que la Policía Federal mantiene abierta una investigación sobre las amenazas.
La Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil (Apib) asegura haber registrado más de treinta denuncias de violencia relacionadas con el proceso electoral en Mato Grosso do Sul, entre ellas amenazas de muerte, agresiones y atropellos.
Entre los episodios investigados figura también el incendio de la casa de rezo de la líder espiritual indígena Ñandesy Roberta, de noventa años, en la aldea Jaguapiré, en Tacuru.
Las autoridades también investigan denuncias sobre muertes de indígenas en la región, aunque la Fiscalía señaló que, en una de las líneas de investigación, no encontró elementos que confirmaran que las víctimas fueran indígenas.
Lula -que retomó y aceleró el proceso de regularización de los territorios de los pueblos originarios abandonado por su antecesor, el ultraderechista Jair Bolsonaro (2019-2022)- fue el candidato más votado en las áreas con población mayoritariamente indígena, en las que derrotó por amplio margen al senador y candidato opositor Flávio Bolsonaro.
El Gobierno creó una fuerza de trabajo con participación de la Policía Federal, la Policía Federal de Carreteras y la Fundación Nacional de los Pueblos Indígenas (Funai) para investigar los hechos y reforzar la seguridad de las comunidades.
Las investigaciones deberán esclarecer tanto la posible motivación política de las agresiones como su eventual relación con los históricos conflictos por la posesión y demarcación de tierras indígenas en Mato Grosso do Sul.