Mar Sánchez-Cascado

Hong Kong, 2 nov (EFE).- La decisión de colocar al magistrado Alex Lee al frente de la máxima instancia revisora hongkonesa, adoptada el viernes, sitúa en ese órgano al juez que condenó a 20 años de prisión al magnate Jimmy Lai y contribuyó a desarticular al movimiento prodemocrático, en el marco de la transformación judicial impulsada por Pekín.

El que fuera magistrado de Primera Instancia desde 2019 integra el reducido equipo de los designados por el jefe del Ejecutivo para la órbita especial de seguridad nacional.

Su trayectoria quedó vinculada al fundador del clausurado Apple Daily, Jimmy Lai, desde diciembre de 2020, cuando protagonizó un inédito pulso procesal al concederle una fianza de 10 millones de dólares locales (1,8 millones de dólares estadounidenses), con arresto domiciliario.

Aquella resolución desató la furia de Pekín y forzó a la alta corte a revocarla, dictaminando que se había "malinterpretado" el umbral punitivo de la norma.

El alineamiento doctrinal definitivo se consumó cuando Lee, integrado en el foro legal de tres magistrados nominados por el Ejecutivo, formó parte del panel que condenó a Lai aplicando una interpretación expansiva de los delitos de colusión con fuerzas extranjeras y sedición.

El fallo, repudiado por la ONU, la Unión Europea y Washington, sentó el precedente de que el veto internacional a funcionarios equivale a subvertir la soberanía del Estado.

Brazo contra bloque prodemocrático

Curtido como fiscal superior adjunto antes de llegar a la judicatura en 2013, la firma de Lee aparece de forma ubicua en los macroprocesos que han desactivado la disidencia hongkonesa.

Lee tuvo un papel determinante al frente del litigio sin jurado contra 'los 47 de Hong Kong', acusados de conspiración para subvertir el poder del Estado tras organizar unas primarias ciudadanas, y que se saldó con 45 opositores condenados a penas de hasta diez años de cárcel.

Formó parte asimismo de los estrados que descabezaron a la Alianza de Apoyo a los Movimientos Democráticos Patrióticos de China, la entidad que organizaba las históricas vigilias anuales en el parque Victoria por la represión en la plaza pequinesa de Tiananmén de 1989.

 La resolución condenó a figuras clave del activismo como Chow Hang-tung, Albert Ho y Lee Heuk-yan por incitación a la subversión, rechazando los argumentos de la defensa basados en la Declaración Conjunta Sino-Británica.

Repliegue de la herencia británica

La promoción de Lee coincide con una concentración de facultades penales en el Ejecutivo local. El andamiaje punitivo original se reforzó con la entrada en vigor de la Ordenanza de Salvaguarda de la Seguridad Nacional o 'Artículo 23', que amplió las definiciones de secretos de Estado y sedición y reforzó los poderes de detención.

Esta mutación hacia un sistema de obediencia directa a Pekín ha quebrado la reputación de neutralidad del sistema judicial de la excolonia. Aunque el Tribunal de Última Instancia incorporó recientemente al neozelandés Terence Arnold como juez no permanente, el sistema sufre una constante hemorragia de juristas occidentales.

Destacan las renuncias de los británicos Jonathan Sumption, quien advirtió de que Hong Kong se desliza de forma irreversible "hacia un Estado totalitario", y Robert French, quien tildó de "casi cosmético" el papel de los jueces extranjeros que aún resisten en el organigrama.

Contraataque bajo premisa de paz social

Frente a las denuncias occidentales, el bloque oficialista y los medios afines a Pekín denuncian el "doble rasero" de las antiguas potencias coloniales.

El jefe del Ejecutivo hongkonés, John Lee, defiende que las detenciones por seguridad nacional representan apenas el 0,2 % de los arrestos anuales y que estas leyes devolvieron la paz social y la predictibilidad económica tras las multitudinarias protestas antigubernamentales de 2019.

El ascenso de Lee, cuyo nombre figura en propuestas de sanciones del Congreso de EE. UU., se produce en un contexto de creciente influencia de Pekín sobre el sistema judicial de Hong Kong y de cambios en las garantías procesales heredadas de la etapa de administración británica.

Por EFE

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