Caribbean Golf Academy presentó una moción ante el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) para solicitar que se inicie formalmente el proceso administrativo adjudicativo relacionado con la renovación del permiso de operación del vertedero de Carolina.
La empresa fundamentó su petición en el dictamen del Tribunal de Apelaciones y reclamó que se reconozcan sus derechos como parte opositora a la expansión de la instalación. Según explicó el ingeniero Luis Rivera Ortiz, presidente de Caribbean Golf Academy y de Hacienda Campo Rico, ambas entidades colindantes con el relleno sanitario, la agencia debe contar con toda la información relevante antes de emitir una decisión final sobre la renovación.
“Formalmente, estamos solicitando que se haga el proceso adjudicativo con todos los derechos aplicables porque no solamente somos colindantes, sino que hemos sido afectados directamente dado que la expansión ha impactado nuestra propiedad”, expresó Rivera Ortiz.
La empresa sostiene que el proceso de renovación debe examinar si la expansión del vertedero puede autorizarse mediante la renovación de un permiso concedido y vencido. Además, plantea que el Municipio de Carolina y su operador, Landfill Gas Technologies, presuntamente incumplieron con las condiciones del permiso al operar fuera de las zonas autorizadas y provocar derrames de lixiviados.
Rivera Ortiz también alegó que la operación se lleva a cabo en un área especialmente protegida por ley. La zona donde se habría extendido el relleno sanitario comprende aproximadamente 17 cuerdas de un total de 35 que integran la llamada Zona de Amortiguamiento. El predio forma parte de la región del carso y del Área de Planificación Especial del Bosque Estatal de Piñones, y cuenta, además, con recursos históricos y especies en peligro de extinción.
Como parte de sus objeciones a la renovación, Caribbean Golf Academy argumenta que la expansión no siguió los procedimientos exigidos por las leyes y reglamentos aplicables, entre ellos la preparación de una Declaración de Impacto Ambiental (DIA). La empresa sostiene que el proceso de renovación no debe utilizarse para validar una expansión que, según su posición, se realizó sin el permiso correspondiente.
El ingeniero señaló que el DRNA debe considerar que, en las solicitudes de renovación presentadas por el Municipio de Carolina en 2011 y 2024, no se habría informado a las agencias evaluadoras que la expansión se dirigiría hacia la Zona de Amortiguamiento.
De acuerdo con Rivera Ortiz, ese terreno fue establecido por el propio Municipio con fines de conservación debido a su valor ecológico. También habría sido presentado ante la Junta de Planificación como una medida de mitigación por los impactos asociados con una nueva celda del vertedero, identificada como la Celda C.
La empresa cuestiona, además, que el Municipio no haya precisado en los procesos de renovación cuántas cuerdas de la Zona de Amortiguamiento han sido impactadas ni haya informado que la expansión afectó terrenos de Hacienda Campo Rico. Asimismo, reclama que no se ha presentado una mensura con puntos demarcados y coordenadas específicas de la expansión de la Celda C.
“Lo mínimo que yo espero es que el DRNA tenga toda la información relevante antes de tomar una decisión final sobre la renovación solicitada”, afirmó Rivera Ortiz. Añadió que la agencia debe evitar que una renovación del permiso de operación valide una expansión cuestionada y debe exigir un proceso que incluya una rigurosa Declaración de Impacto Ambiental, el cese de cualquier actividad ilegal y la mitigación de los daños alegados.
Rivera Ortiz aclaró que no se opone a la operación del vertedero siempre que esta cumpla con las leyes y los reglamentos. No obstante, reiteró su objeción a la expansión hacia la Zona de Amortiguamiento por el valor ecológico del área y por el impacto que, según indicó, tiene sobre las operaciones ecoturísticas de Hacienda Campo Rico y Caribbean Golf Academy.