La Junta de Gobierno del Partido Popular Democrático (PPD) informó este miércoles que aprobó la Resolución Núm. 6-2026, mediante la cual se compromete formalmente ante el pueblo de Puerto Rico a derogar la controvertida reforma judicial si llega al poder en 2029.
Esto después de que la gobernadora Jenniffer González la convirtiera ayer en ley, pese a los reclamos de veto de la jueza presidenta del Tribunal Supremo, Maite Oronoz, y de la delegación legislativa popular, entre otros.
"El Partido Popular Democrático siempre va a defender nuestra Constitución y no va a permitir que se desmantele de forma dictatorial por parte del PNP", expresó Manuel Calderón Cerame, secretario general del PPD.
"Esta reforma no se hizo para mejorar la justicia, se hizo para debilitar a la Rama Judicial. Cuando el PPD regrese al poder en el 2029, la derogaremos", añadió.
La resolución establece que la nueva ley traslada al Pleno del Tribunal Supremo decisiones de dirección administrativa que la Sección 7 del Artículo V de la Constitución confiere a la Presidencia del Tribunal, entre ellas la designación de jueces administradores regionales.
Ese cambio separa la autoridad de la responsabilidad en la administración de los tribunales.
Los populares sostienen que si se quiere alterar esa distribución de funciones, el camino legítimo es una enmienda constitucional sometida al pueblo, no una ley ordinaria.
"Hoy la Junta de Gobierno habló con una sola voz. La independencia judicial no es un asunto de partido: es una garantía para cada puertorriqueño que acude a un tribunal en busca de justicia. Este compromiso queda por escrito y lo vamos a cumplir", afirmó el secretario general del PPD.
La nueva reforma judicial reorganiza la estructura administrativa del sistema, elimina de manera prospectiva la categoría de juez municipal para uniformar la composición del Tribunal de Primera Instancia y reafirma el modelo constitucional de administración compartida entre el Tribunal Supremo y el juez presidente.
Ayer, la jueza presidenta del Tribunal Supremo lamentó que el proyecto se convierte en ley "sin que se hayan atendido los cuestionamientos fundamentales sobre la estructura y el funcionamiento de nuestros tribunales".
Para Oronoz, la nueva legislación "redistribuye la autoridad para tomar decisiones esenciales en la administración judicial, sin alterar la responsabilidad que nuestra Constitución le asigna a la Presidencia del Tribunal Supremo".
"Este desajuste entre la facultad de tomar decisiones y la obligación de responder por sus consecuencias plantea serias interrogantes sobre la dirección administrativa y la capacidad de respuesta del sistema judicial", advirtió.