El presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Alejandro Ramelli, advirtió este miércoles que el recorte presupuestario a ese tribunal transicional -creado por el acuerdo de paz con las FARC- puede comprometer la culminación de los procesos judiciales y dejar sin sentencia crímenes cometidos durante el conflicto armado colombiano.
"Lo que necesitamos es un gran debate nacional sobre cuáles son las consecuencias", afirmó Ramelli durante una conferencia de prensa en Bogotá, donde calificó de "grave error histórico" las medidas que, a su juicio, ponen en riesgo la continuidad del trabajo de la jurisdicción y pueden generar "una enorme frustración" entre las víctimas.
La advertencia se produce después de que el presupuesto de 2027 sufriera un recorte de 170.000 millones de pesos (unos 52 millones de dólares), por lo que la asignación para la JEP pasaría de los 821.803 millones de pesos (unos 254 millones de dólares) a 651.803 millones (unos 202 millones de dólares).
La Jurisdicción ya había advertido de que la reducción de recursos limitaría las audiencias en los territorios, la representación judicial de las víctimas y las medidas de protección para testigos y comparecientes.
"¿Qué va a pasar con todo esto? Pues no va a haber sentencias por parte de la jurisdicción. Y eso es impunidad", sostuvo Ramelli, quien cuestionó que los expedientes puedan trasladarse a la justicia ordinaria sin tener en cuenta las dificultades que esta tuvo para investigar estos crímenes antes de la creación del tribunal.
El magistrado también alertó de las consecuencias que estas medidas pueden tener para la seguridad jurídica de los comparecientes y para los derechos de las víctimas, y pidió evaluar su impacto sobre la verdad, la justicia y la reparación.
Balance de gestión
Durante su intervención, Ramelli defendió los resultados alcanzados por la jurisdicción en los últimos dos años y aseguró que las cifras de imputaciones se han más que duplicado, tanto en los procesos contra antiguos integrantes de la extinta guerrilla de las FARC como contra miembros de la fuerza pública.
En ese periodo, agregó, se han expedido cinco sentencias y se espera que antes de finalizar el año se conozcan otras dos. También, destacó que la jurisdicción ha concedido más de 1.050 renuncias a la persecución penal, el 95 % de ellas a integrantes de la fuerza pública.
"Vamos a trabajar hasta el último día que tengamos competencia, con los recursos y las limitaciones que tengamos", aseguró Ramelli, quien dejará el jueves la Presidencia de la jurisdicción, que pasará a estar encabezada por Danilo Rojas.