Aguantaron la aprobación de la medida.
El Senado ayer, en su sesión legislativa dejó para atender en un turno posterior la Resolución Concurrente del Senado 23 que exigía a la gobernadora, Jenniffer González Colón, la separación inmediata del cargo a la secretaria del Departamento de la Familia, Suzanne Roig Fuertes.
La medida fue presentada por los senadores del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Adrián González Costa y María de Lourdes Santiago Negrón.
El 30 de diciembre de 2024, la r González Colón, anunció la designación de Suzanne Roig Fuertes para dirigir el Departamento de la Familia. Previamente, Roig Fuertes había encabezado la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (ASSMCA), el centro Casa Cuna de San Juan y la División de Servicios a Personas con Discapacidad Intelectual del Departamento de Salud. Su nombramiento fue evaluado por el Senado, que lo confirmó por unanimidad el 10 de febrero de 2025.
A finales de abril de 2026, salió a la luz pública que, durante su gestión en Salud, Roig Fuertes estuvo vinculada a la concesión de un contrato en 2021 por $60,000 mensuales para atender a un solo paciente. El asunto fue referido al Departamento de Justicia en 2022 y archivado el 30 de octubre de 2025. La entonces nominada no informó al Senado sobre ese referido durante el proceso de confirmación.
En septiembre de 2026, la secretaria destituyó a Blanca Medina Díaz como administradora de la Administración de Desarrollo Socioeconómico de la Familia (ADSEF). Tras su salida, Medina Díaz denunció que Roig Fuertes la había presionado para suscribir contratos y atribuyó su destitución a haberse negado a firmarlos. El 30 de septiembre de 2026, el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz refirió las denuncias al Departamento de Justicia y a la Oficina del Inspector General. Los señalamientos también motivaron una investigación senatorial sobre la contratación en el Departamento de la Familia.
Las denuncias de Medina Díaz llevaron a la comisión a concentrar sus trabajos en los procesos de contratación de ADSEF y a convocar vistas públicas. Como parte de la pesquisa, examinó una notificación de adjudicación del 20 de enero de 2026 a favor de NOLA Education, LLC, para implementar el programa Star Academy mediante un contrato de entre $37.5 millones y $38 millones.
Aunque el Departamento sostuvo que el proceso se canceló en mayo de 2026, antes de formalizar el acuerdo, el Senado obtuvo copias de la carta de adjudicación y de un contrato con la empresa. La contratación contemplaba fondos federales del programa de Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (TANF, por sus siglas en inglés), dirigidos a familias de bajos ingresos en Puerto Rico. La adjudicación se notificó apenas seis semanas después de un viaje de la secretaria a Nueva Orleans, Luisiana, donde ubica la compañía.
El 7 de octubre de 2026, Medina Díaz declaró bajo juramento ante la comisión que Roig Fuertes la presionó para firmar el contrato con NOLA Education. Durante su comparecencia ese mismo día, también bajo juramento, la secretaria aseguró que los gastos de alimentación de su viaje a Luisiana se pagaron en efectivo.
Roig Fuertes identificó, además, a Coccoloba AgroEnvironmental como una de las empresas participantes del proceso competitivo. Según su testimonio, la compañía presentó información que fue evaluada y recibió una puntuación de 24.7%.
Al día siguiente, Coccoloba rechazó esa versión mediante una declaración escrita y una declaración jurada de su presidente. La empresa sostuvo que no presentó cotización ni propuesta y que su intervención se limitó a declinar, el 8 de enero de 2026, una invitación recibida el 30 de diciembre de 2025. Esa invitación se cursó tres semanas después del viaje a Luisiana, mientras que la adjudicación a NOLA Education ocurrió doce días después de que Coccoloba rechazara participar.
Posteriormente, NOLA Education entregó a la comisión documentos en los que reconoció que Roig Fuertes viajó a Luisiana del 7 al 10 de diciembre de 2025 junto a otras seis personas. Según la documentación de la empresa, esta asumió la totalidad de los gastos de comida, bebida, refrigerios y transportación del grupo, que sumaron $13,525.05. Los documentos contradicen la versión ofrecida por la secretaria bajo juramento sobre el pago de los alimentos.
En octubre de 2026 también trascendió que SAMU Foundation Corp., cuya sede en España había visitado Roig Fuertes, recibió la adjudicación de un contrato por $355,646. El Senado examinó, además, otros viajes de la funcionaria, entre ellos uno a California en julio de 2026.
Tras su comparecencia del 7 de octubre, la secretaria no entregó la totalidad de los documentos requeridos. Ante ello, el Senado aprobó por unanimidad, el 22 de octubre de 2026, una moción que le concedió 48 horas para presentar la documentación, bajo apercibimiento de desacato civil, junto con tres requerimientos adicionales de información. La entrega incompleta de los documentos añadió cuestionamientos a su gestión ante el mismo cuerpo legislativo que había confirmado su nombramiento.
«Ante estos hechos, diversos funcionarios electos de todas las delegaciones han expresado públicamente que la Secretaria debe dejar el cargo. Se trata de un reclamo que trasciende las líneas partidistas y que se ha intensificado a medida que han salido a la luz los hechos antes reseñados. Las discrepancias antes señaladas entre lo testificado ante este Cuerpo y la prueba documental han lesionado de forma irreparable la credibilidad de la Secretaria ante el Pueblo de Puerto Rico. Resulta insostenible que una de las agencias de mayor impacto social del Poder Ejecutivo continúe bajo una dirección que ha perdido la confianza necesaria para ejercer el cargo», reza el proyecto.
«La Sra. Roig ha demostrado una conducta contumaz ante los procesos que ha llevado a cabo el Senado de Puerto Rico. Dilaciones en la entrega de documentos solicitados, brindar información falsa durante la celebración de vistas públicas, entre otras. Este tipo de conducta no solo va en contra de lo que debe ser la exhibida por una jefa de agencia, sino que coloca a este Cuerpo en la posición de retractar lo que en un momento fue el consejo a la gobernadora y definitivamente su consentimiento a que la Sra. Roig continúe al mando del Departamento de la Familia. Actualmente existe un reclamo general del Pueblo para que la Secretaria del Departamento de la Familia cese funciones como Secretaria. Siendo el Poder Legislativo el más representativo de los constituyentes, a nombre de ese Pueblo esta Asamblea Legislativa le exige a la Gobernadora la separación del cargo de la Sra. Suzanne Roig Fuertes. Insistir en lo contrario raya en el abuso de poder», concluye la medida.