La Oficina de la Contralora de Puerto Rico informó este martes de deficiencias en las operaciones fiscales relacionadas con las emisiones y refinanciamientos de bonos realizados por el Gobierno y varias corporaciones públicas.
Estas fallas, documentadas entre 2020 y 2024, provocaron aumentos significativos en el costo del servicio de la deuda del Gobierno, pérdidas por refinanciamientos y desembolsos sin evidencia de beneficio fiscal.
Las causas incluyen aumentos en gastos operacionales, fondos no utilizados para los usos autorizados, y deficiencias en la conservación de los documentos necesarios para justificar la razonabilidad del gasto o el refinanciamiento.
Además del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, se incluyen el Banco Gubernamental de Fomento, la Corporación para el Financiamiento Público, la Autoridad de Edificios Públicos (AEP), la Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura, la Corporación del Fondo de Interés Apremiante (COFINA), la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) y la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).
El examen de las transacciones relacionadas con las emisiones de bonos y refinanciamientos incluyó el análisis del pago de líneas de crédito y de intereses por miles de millones de dólares, con el propósito de evaluar si las operaciones se efectuaron conforme a las leyes, los reglamentos y las políticas aplicables.
La auditoría identificó que el 98 % de los fondos recibidos de las emisiones de bonos examinadas se destinó al pago de deudas, notas y líneas de crédito, mientras el 2 % se utilizó para mejoras capitales.
También reveló que varias emisiones refinanciadas no generaron las economías esperadas, resultando en pérdidas de $123.2 millones, y aumentos por $3,360 millones en el costo del servicio de la deuda por refinanciamiento de bonos.
Asimismo, se identificaron deficiencias relevantes en la evidencia suministrada por las entidades. En particular, no se pudo corroborar el uso de $1,934,862,171 en fondos provenientes de emisiones de bonos, y de $9,035,992,022 de líneas de crédito y otras deudas, cuyos documentos justificativos no fueron provistos.
La falta de evidencia impidió confirmar si los desembolsos se realizaron para los propósitos autorizados.
El informe detalla que, en múltiples instancias, los documentos esenciales para evaluar las transacciones no estaban disponibles, estaban incompletos, o no se conservaron según exige el Reglamento 4284 de 1990.
La ausencia de documentación afectó la evaluación del uso de fondos en entidades tales como el Departamento de Hacienda, la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico, la COFINA, la AEP, y la ACT. Además, limitó la capacidad del Gobierno para justificar decisiones relacionadas con refinanciamientos, depósitos en fondos de reserva y operaciones financieras.