La División de Delitos Económicos del Departamento de Justicia presentó más de 300 cargos criminales contra Mariela Collazo Rodríguez, de 47 años y residente en Cidra, por presuntamente apropiarse de más de $61, 000 pertenecientes a su vecina, una mujer de 94 años.
Según la investigación, Collazo Rodríguez habría utilizado sin autorización la tarjeta de débito y la información personal de la adulta mayor para realizar cientos de transacciones entre mayo y agosto de 2025. En total, se identificaron 319 operaciones que la perjudicada aseguró no haber autorizado ni efectuado.
Entre los cargos figuran maltrato a personas de edad avanzada, apropiación ilegal agravada, fraude, apropiación ilegal de identidad y utilización o posesión ilegal de tarjetas de crédito y débito.
La jueza Irmarie Colón Massó, del Tribunal de Primera Instancia de Caguas, determinó causa para arresto e impuso a la imputada una fianza de $321,000. Collazo Rodríguez prestó la fianza, por lo que permanecerá en libertad bajo supervisión electrónica hasta la vista preliminar, señalada para el próximo 10 de septiembre.
Según la publicación de Noticentro por Wapa, del dinero presuntamente sustraído, unos $44,000 correspondieron a retiros de efectivo en cajeros automáticos, mientras que más de $13,000 dólares se utilizaron para pagar bienes y servicios en establecimientos de distintos municipios.
fueron descubiertas después de que la víctima solicitó copias de sus estados bancarios, debido a que no había recibido varios de ellos. Durante la pesquisa, el banco detectó numerosas transacciones sospechosas y notificó la situación a la Policía.
La perjudicada declaró que Collazo Rodríguez era la única persona que tenía acceso a información relacionada con su cuenta bancaria y su tarjeta de débito. De acuerdo con el Departamento de Justicia, ambas eran vecinas y la imputada ayudaba a la adulta mayor con algunas gestiones, circunstancia que le habría permitido obtener el número secreto de la tarjeta.
La secretaria del Departamento de Justicia, Lourdes L. Gómez Torres, exhortó a las personas mayores, a sus familiares y a sus cuidadores a proteger la información personal y financiera, no compartir tarjetas ni contraseñas, revisar periódicamente los estados de cuenta y activar alertas bancarias para detectar operaciones inusuales.
También recomendó prestar atención a cualquier presión para entregar dinero, firmar documentos o modificar cuentas bancarias. Asimismo, aconsejó conservar los recibos y documentos relacionados con las transacciones, y comunicar de inmediato cualquier actividad sospechosa a la entidad financiera y a las autoridades.
La fiscal Teresita del Rosario Morales Arteaga, de la División de Delitos Económicos del Departamento de Justicia, está a cargo del caso. La investigación fue realizada por el agente José A. Rivera Hernández, adscrito a la División de Investigación de Robo y Fraude a Instituciones Bancarias y Financieras de la Policía de Puerto Rico.