La gobernadora Jenniffer González anunció este jueves que el Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos revocó la decisión del Tribunal Federal de ordenar al Registro Demográfico de la isla de mantener las opciones de hombre y mujer como géneros en los certificados de nacimiento.
"La decisión del Primer Circuito respalda la posición que defendimos ante el tribunal y reconoce la autoridad del Gobierno de Puerto Rico para establecer y administrar sus récords públicos de acuerdo con nuestro ordenamiento jurídico", expresó la gobernadora González en un comunicado.
Según se explicó, el caso De La Fuente-Díaz v. González-Colón se originó a raíz de una decisión emitida el 2 de junio de 2025 por el Tribunal Federal en Puerto Rico, que había ordenado al Registro Demográfico proveer una tercera opción, identificada con una "X", en el formulario de cambio de género para personas no binarias.
El Tribunal Federal había fundamentado su determinación en la cláusula de igual protección de las leyes de la Decimocuarta Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos.
Ante dicha determinación, el Gobierno de Puerto Rico acudió al Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito y solicitó la paralización de sus efectos mientras se dilucidaba la apelación. El foro apelativo concedió la solicitud.
Posteriormente, el procurador general de Puerto Rico, Omar Andino Figueroa, compareció ante el Primer Circuito en Boston y argumentó el caso ante el panel de jueces el 9 de abril de 2026.
"Esta decisión del Primer Circuito acoge la posición del Gobierno de Puerto Rico de que nuestro ordenamiento jurídico no reconoce un marcador de sexo 'X' en los certificados de nacimiento. El Tribunal revocó la sentencia del Tribunal de Distrito que había ordenado al Registro Demográfico incorporar esa opción", dijo Andino Figueroa.
Por su parte, la secretaria de Justicia, Lourdes Gómez, destacó la importancia de la determinación para la defensa de las facultades del Gobierno de Puerto Rico.
"La decisión del Primer Circuito representa una importante reafirmación de la autoridad del Gobierno de Puerto Rico para administrar sus récords públicos conforme a las leyes vigentes", expresó Gómez.