La organización Escambrón Unido exigió al Municipio de San Juan derogar la Ordenanza Núm. 55, aprobada anoche de manera virtual por la Asamblea Municipal. La medida concede a la empresa Smart Parking un derecho de superficie por 60 años —prorrogable por 30 años adicionales— para construir y administrar un estacionamiento multipisos en terrenos del Escambrón.
Gradissa Fernández, portavoz de Escambrón Unido, sostuvo que el acuerdo constituye una “privatización funcional” incompatible con la naturaleza pública de los parques y y compromete a más de cuatro generaciones, excediendo la vida útil de la infraestructura a construirse.
Fernández también cuestionó que, a pesar de los múltiples reclamos de la ciudadanía y las minorías legislativas, la administración municipal no presentó un diseño del edificio, ni un plano del espacio que ocupará. Tampoco evidenció un estudio de necesidad, ni estudio de tránsito, ni de impacto ambiental, ni de suelos.
La portavoz advirtió que el proyecto se levantaría a pocos pasos del mar, en un área clasificada como zona de desalojo y expuesta a inundaciones, marejadas ciclónicas y maremotos. También destacó que el sector enfrenta erosión costera y un aumento en el nivel del mar.
“Desde su comienzo, este proceso legislativo ha estado viciado por la prisa y la falta de transparencia”, afirmó Fernández. A su juicio, la aprobación de enmiendas de última hora y durante días feriados limitó la participación ciudadana y produjo una ordenanza que no explica cómo se atenderán las preocupaciones planteadas durante la vista pública.
Escambrón Unido aseguró que planificadores urbanos certificados presentaron alternativas al municipio. Entre ellas, mencionó aprovechar los estacionamientos cercanos al balneario y conectarlos mediante un circuito de trolleys, como parte de un sistema de transporte público adaptado a los efectos del cambio climático. La organización indicó que ninguna de estas propuestas fue evaluada.
Por su parte, Sonia Palacios, también portavoz del grupo, cuestionó el alcance de la relación contractual entre el Municipio de San Juan y Smart Parking, empresa anteriormente conocida como American Parking Systems. Palacios alegó que la compañía tiene un historial de influencias políticas, quiebras, embargos, evasiones contributivas y deudas millonarias con el Estado, según reportes de medios noticiosos.
La organización criticó además que se otorgue el derecho de superficie antes de contar con un diseño y estudios detallados del proyecto. “Esto significa ofrecerle un cheque en blanco a la cuenta del municipio de San Juan”, denunció Escambrón Unido.
“El patrimonio público no puede administrarse mediante la improvisación y la falta de transparencia”, concluyó la organización. Escambrón Unido reiteró su llamado a derogar la ordenanza y reclamó mayor acceso a la información y participación ciudadana en proyectos de alto impacto urbano.