La Comisión Europea presentará este jueves su propuesta para restringir el acceso de los menores a las redes sociales, la "EU Kids Act", después de que la presidenta del Ejecutivo comunitario, Ursula von der Leyen, avanzara hoy ante la Eurocámara que planteará prohibir su uso a los menores de 13 años y limitarlo a los de entre 13 y 15.
Quedan aún por conocer aspectos centrales del texto, como si se adoptará la forma de reglamento o de directiva. La Comisión afronta presión para optar por la primera vía, ya que armoniza la aplicación en los Veintisiete de forma directa, siguiendo la estela de una docena de Estados miembros que ya tramitan sus propias restricciones, entre ellos España, Francia, Dinamarca, Grecia e Italia.
Herramientas legales ya existentes
El Reglamento de Servicios Digitales (DSA, por sus siglas en inglés) ya obliga a las plataformas a proteger a los menores frente a la publicidad dirigida y exige a las plataformas y buscadores muy grandes evaluar y mitigar los riesgos sistémicos que plantean para ellos, incluida la salud mental.
A ello se suma el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), que fija entre los 13 y los 16 años la edad de consentimiento digital y en el que España se ha apoyado para restringir el acceso de menores.
Bruselas quiere, además, ampliar el alcance de la norma hasta los videojuegos, las tiendas de aplicaciones y los sistemas de inteligencia artificial (IA), incluidos los 'compañeros' virtuales, siguiendo la recomendación de un panel de expertos convocado por Von der Leyen a principios de año.
El Reglamento de IA ya prohíbe, desde febrero de 2025, los sistemas que exploten vulnerabilidades por razón de edad, aunque sin un régimen específico de diseño para menores.
Verificación de edad
La aplicación efectiva de la norma se perfila como el principal obstáculo, por lo que los expertos anticipan un proceso de mejora continua antes de que el sistema resulte plenamente eficaz.
La Comisión lanzó en abril una aplicación de uso voluntario que ya pilotan Francia, Dinamarca, Grecia, Italia, España, Chipre e Irlanda mediante su integración en las carteras digitales nacionales, como paso previo a la cartera europea de identidad digital prevista para finales de 2026.
No obstante, en Australia -que excluye a los menores de 16 años desde diciembre-, el regulador nacional constató a finales de julio que más de ocho de cada diez menores seguían usando redes sociales con la misma frecuencia que antes gracias a redes privadas virtuales (VPN).
"Creo que deberíamos verlo como una especie de carrera armamentística: se desarrollan mejores medidas de verificación, y luego los menores y otros encuentran formas de sortearlas de nuevo", dijo a EFE Miriam Buiten, investigadora del laboratorio de ideas ('think tank') Centro sobre la Regulación en Europa (CERRE, en inglés).
Otros desafíos
"Fijar una edad mínima no basta", valoró por su parte la investigadora Elizabeth Kuiper, del Centro de Políticas Europeas (EPC, en inglés): la Comisión debe exigir también cambios en el diseño de las plataformas, ya que buena parte del daño -desplazamiento infinito, reproducción automática, algoritmos que empujan hacia contenido cada vez más extremo- afecta a usuarios de todas las edades.
Bruselas deberá, asimismo, probar ante el Parlamento y el Consejo la proporcionalidad y la subsidiariedad de la medida: "Primero, ¿estamos siquiera de acuerdo en que este tipo de prohibición es adecuada en sí misma? Y segundo, ¿corresponde específicamente a la UE llevarla a cabo?", se preguntó Buiten.
España y Países Bajos ya han pedido que, antes de introducir la prohibición, se evalúe su impacto en derechos fundamentales como la libertad de expresión e información y la protección de datos personales, en una misiva enviada a la Comisión el pasado viernes a la que tuvo acceso EFE.
"Queda por determinar si realmente queremos esta prohibición, sopesando los derechos en juego, y luego la cuestión aparte de si puede aplicarse de manera efectiva", resumió la investigadora.