La Oficina del Inspector General (OIG) señaló el lunes deficiencias en la contratación de la plataforma Salud Digital por parte del Departamento de Salud, luego de determinar que el proveedor fue seleccionado sin un proceso competitivo para un contrato que establece un pago gubernamental de 1 dólar anual, pero que podría generar cerca de 9.15 millones de dólares en cargos cobrados directamente a los ciudadanos.
El examen cubrió el periodo del 1 de julio de 2022 al 30 de junio de 2025 e identificó, entre otros asuntos, ausencia de competencia para seleccionar al proveedor, acceso del contratista a documentos, procesos y personal del Gobierno antes de formalizar el acuerdo y contrataciones que, según la OIG, se realizaron en contraposición a normas aplicables.
Salud Digital sustituyó a la plataforma Renovaciones Online mediante un contrato firmado el 19 de mayo de 2025 y vigente hasta el 30 de junio de 2030.
Aunque el Departamento de Salud paga nominalmente 1 dólar al año por la licencia y los servicios, el acuerdo permite al proveedor cobrar directamente a los usuarios un cargo por procesamiento en cada transacción.
Utilizando datos históricos de la plataforma anterior, la OIG proyectó que esos cargos podrían producir aproximadamente 9.15 millones de dólares durante la vigencia del contrato. Por su parte, la Junta Fiscal estimó anteriormente el valor real del acuerdo en unos 7.5 millones de dólares.
El Departamento de Salud sostuvo ante la OIG que no tenía que realizar un proceso competitivo porque el desembolso de la agencia es de apenas 1 dólar anual, para un total de 5 dólares durante la vigencia del contrato.
“No existe disposición legal que indique que el valor económico de un contrato deba determinarse por los ingresos totales que el contratista pueda percibir por concepto de procesamiento”, argumentó el secretario de Salud en su respuesta al informe.
El funcionario sostuvo además que la recomendación de la Junta Fiscal de realizar un proceso competitivo dentro de 90 días constituyó una sugerencia y no una obligación legal.
La OIG rechazó esos argumentos y mantuvo el hallazgo. Según el organismo fiscalizador, limitar el valor del contrato al desembolso nominal del Gobierno dejaría fuera los ingresos sustanciales que el contratista obtiene directamente de los ciudadanos.
El informe también señala que el propio Departamento de Salud certificó en el contrato que el proveedor había sido seleccionado conforme a las disposiciones de la Orden Ejecutiva 2021-029, pese a que del expediente examinado no surgió evidencia de un proceso abierto y competitivo, publicación de la necesidad del servicio o evaluación de otras propuestas.
Otro señalamiento está relacionado con el efecto de los cargos de procesamiento en transacciones de menor cuantía.
Como ejemplo, la OIG indicó que un permiso de disposición de cadáver por cremación con un costo gubernamental de 15 dólares conlleva un cargo adicional de procesamiento de 5 dólares, equivalente a aproximadamente 33.3 por ciento del valor del servicio.
En contraste, una transacción de 1,519.95 dólares relacionada con una licencia ante la Junta de Cannabis Medicinal conlleva un cargo fijo de 19.95 dólares, equivalente a cerca de 1.3 por ciento.
“La transformación digital del Gobierno debe estar acompañada de controles que garanticen transparencia, competencia y protección del interés público”, expresó la inspectora general, Ivelisse Torres Rivera.
“Cuando un servicio tecnológico se sostiene mediante cargos pagados directamente por los ciudadanos, resulta indispensable evaluar el verdadero valor económico de la contratación y asegurar procesos transparentes”, añadió.
El examen determinó además que, desde febrero de 2025, antes de formalizarse el contrato, el proveedor solicitó información operacional al Departamento de Salud y personal de la agencia participó en reuniones, completó documentos y remitió información necesaria para configurar la plataforma.
Según la OIG, esas actuaciones crearon riesgos para la competencia, la transparencia y la independencia del proceso.
La intervención produjo ocho recomendaciones, entre ellas realizar un proceso competitivo para los servicios de la plataforma, examinar la proporcionalidad de las tarifas cobradas al ciudadano y establecer controles para verificar certificaciones y documentos antes de formalizar contratos tecnológicos.
El informe también incluye señalamientos separados sobre contratos y enmiendas relacionados con el Sistema de Elegibilidad e Inscripción de Medicaid de Puerto Rico, conocido como MEDITI3G, por incumplimientos en procesos de autorización tecnológica y documentación contractual.