La permanencia de Suzanne Roig Fuertes como secretaria del Departamento de la Familia estaría próxima a concluir, según fuentes con conocimiento de las conversaciones internas en el Ejecutivo, que aseguran que la funcionaria tiene los días contados en el cargo en momentos en que la administradora de la Administración de Desarrollo Socioeconómico de la Familia (ADSEF), Blanca Medina Díaz, comparecerá esta semana a entrevista con agencias federales, estatales y legislativas para denunciar presuntas presiones de su parte.
De acuerdo con esas fuentes, una de las alternativas que se evalúa para Roig Fuertes sería su regreso a la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (ASSMCA), donde mantiene un puesto de carrera y donde desarrolló buena parte de su trayectoria profesional antes de ser designada secretaria de Familia.
Roig Fuertes ha ocupado diversas posiciones en ASSMCA desde 2010, incluyendo la administración de la agencia entre 2017 y 2021. Posteriormente, en 2022, regresó a ASSMCA para dirigir dos clínicas relacionadas con servicios de salud mental, posición que ocupó hasta su designación al Departamento de la Familia en enero de 2025.
El eventual movimiento se produciría en momentos en que la secretaria enfrenta nuevamente cuestionamientos públicos y políticos relacionados con el manejo administrativo del Departamento de la Familia, particularmente luego de la destitución de Medina Díaz.
La salida de Medina Díaz abrió una nueva controversia alrededor de Roig Fuertes después de que la exadministradora alegara que la secretaria la presionó para aprobar contratos que, según su versión, no debían ser autorizados.
Entre los señalamientos figura un acuerdo relacionado con Star Academy y fondos del programa federal Temporary Assistance for Needy Families (TANF), por aproximadamente $38.5 millones. Medina Díaz sostuvo que recibió presión para firmarlo y que se negó porque entendía que el uso propuesto de esos fondos no correspondía al propósito del programa. También alegó que existieron diferencias alrededor de otra propuesta de aproximadamente $300,000 para servicios de tecnología y adiestramiento.
Roig Fuertes ha rechazado categóricamente las acusaciones de Medina Díaz y calificó sus expresiones como falsas. La secretaria sostuvo que, si la exadministradora tenía alguna alegación, debía presentarla bajo juramento ante los foros correspondientes.
Sin embargo, la controversia adquirió otra dimensión cuando trascendió una carta firmada por la propia Roig Fuertes, fechada en enero de 2026, en la que se notificaba a NOLA Education, LLC que su propuesta había sido seleccionada para la adjudicación del proyecto de aproximadamente $38.5 millones.
La existencia de ese documento contradijo declaraciones iniciales de la secretaria, quien había negado públicamente que hubiera existido siquiera un borrador de contrato. Posteriormente, Roig Fuertes reconoció la existencia del documento, aunque insistió en que un borrador no equivale a un contrato formal ni a una adjudicación vigente.
La controversia llegó también al Departamento de Justicia. El presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, refirió información relacionada con los procesos de contratación en ADSEF para evaluación de la agencia. Según Justicia, el término para completar la evaluación preliminar vence el 22 de octubre. La comparecencia de Medina Díaz está pautada para semana ante el Departamento de Justicia y ambas están citadas para el miércoles en el Senado de Puerto Rico.
Los cuestionamientos sobre la gestión de Roig Fuertes no comenzaron en Familia.
Antes de llegar al secretariado, la funcionaria estuvo en el centro de una investigación administrativa relacionada con su gestión de la División de Servicios para Personas con Discapacidad Intelectual del Departamento de Salud.
El expediente de Salud describió alegaciones relacionadas con la contratación de servicios para un participante con discapacidad intelectual y la intervención de la empresa One Source Investigations (OSI), que habría sido incorporada como subcontratista en acuerdos con proveedores de servicios.
Según el expediente, dos proveedores declararon bajo juramento sobre la intervención de terceros en el proceso y sobre estructuras contractuales que llegaron a alrededor de $60,000 mensuales. El informe administrativo de Salud concluyó que Roig pudo haber utilizado su posición para favorecer la contratación de una entidad privada y que la estructura podía haber tenido el efecto de evadir procesos formales de contratación pública.
El entonces secretario de Salud, Carlos Mellado, resumió posteriormente el cuestionamiento señalando que el problema no era solamente el monto del contrato, sino la alegada condición de incorporar a un tercero dentro del acuerdo.
Como consecuencia de aquella controversia, Salud canceló en enero de 2022 el destaque administrativo de Roig Fuertes y ordenó su regreso a su puesto de carrera en ASSMCA. La documentación oficial señala que la funcionaria debía reincorporarse a ASSMCA al día siguiente de la revocación de su destaque.
El asunto fue referido posteriormente al Departamento de Justicia.
Justicia, no obstante, archivó la investigación el 30 de octubre de 2025 por insuficiencia de prueba. Esa determinación ocurrió cuando Roig Fuertes ya se desempeñaba como secretaria del Departamento de la Familia.
La controversia volvió a surgir públicamente este año luego de que legisladores cuestionaran el archivo de la pesquisa. El Senado incluso impulsó una investigación sobre los hechos relacionados con la División de Servicios para Personas con Discapacidad Intelectual.
Justicia también rechazó iniciar una investigación por alegado perjurio relacionado con las respuestas ofrecidas por Roig durante su proceso de confirmación.
El regreso a ASSMCA no requeriría, al menos de acuerdo con el historial oficial presentado ante el Senado, que Roig Fuertes abandonara el servicio público.
Su expediente de confirmación establece que desde 2010 ocupó distintas posiciones en ASSMCA y que fue administradora de la agencia entre 2017 y 2021. Posteriormente regresó a la administración de la agencia y dirigió clínicas relacionadas con salud mental antes de asumir la dirección de Familia.
Precisamente, esa condición de empleada de carrera convierte a ASSMCA en una alternativa natural si la administración determina prescindir de sus servicios como secretaria de Familia.