El Departamento de Justicia dijo este martes que no designará un fiscal especial independiente (FEI) a la procuradora de las Mujeres, Astrid Piñeiro Vázquez, por presuntamente haber divulgado información confidencial de un alegado incidente de violencia machista contra la senadora Joanne Rodríguez Veve.
Así lo indicó en un comunicado la secretaria de Justicia, Lourdes Gómez Torres, tras la investigación realizada por funcionarios de su agencia y la prueba recopilada por el Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (PFEI), que sostienen que Piñeiro Vázquez no actuó mal para divulgar información del alegado incidente.
Al no existir evidencia que permita fundamentar una imputación de conducta criminalmente negligente, el PFEI acogió la recomendación de Justicia y determinó no designar un fiscal especial para investigar a Piñeiro Vázquez. Ante ello, archivó el asunto.
"Reconocemos y comprendemos la preocupación de la senadora ante la circulación de información personal y el impacto que manifestó haber experimentado", dijo el PFEI en el comunicado.
"No obstante, tales circunstancias, aun consideradas junto con sus objeciones a las expresiones públicas de la procuradora, no sustituyen la evidencia necesaria para establecer causa suficiente para creer que esta incurrió en conducta delictiva", agregó el PFEI.
Rodríguez Veve había planteado que las actuaciones de la procuradora pudieron haber infringido contra la Ley de Violencia Doméstica, la Carta de Derechos de las Víctimas y Testigos de Delito y la Ley de Transparencia y Procedimiento Expedito para el Acceso a la Información Pública.
La División de Integridad Pública y Asuntos del Contralor (DIPAC) de Justicia realizó la investigación preliminar con la participación del agente José Figueroa Zambrana, de dicha división.
Como parte de sus gestiones, examinó, entre otras, las investigaciones relacionadas con los hechos denunciados, la documentación recopilada, las declaraciones de las personas entrevistadas y las expresiones publicas atribuidas a la procuradora.
Examinado el expediente, el DIPAC indicó que no se obtuvo evidencia suficiente para asegurar que la procuradora divulgó, participó o reveló posteriormente información protegida en los términos de las disposiciones penales analizadas.
Las gestiones no se limitaron a recibir las explicaciones de la procuradora o los resultados de la investigación interna de la Oficina de la Procuradora de las Mujeres.
Incluyeron entrevistas a la querellante en distintas ocasiones y se le tomó una declaración jurada, el examen de los documentos y enlaces que aportó, entrevistas a las recepcionistas y a los agentes investigadores, entre otras solicitudes.
"Aunque no permitieron identificar a la persona que entregó el documento, ni a quien lo divulgó inicialmente, esa falta de identificación evidentemente no constituye, por sí sola, evidencia de actuación delictiva de la procuradora", cita el documento.
También, la senadora decidió no afirmar ni negar las alegaciones de violencia doméstica incluidas en la comunicación anónima.
Esa posición limitó la posibilidad de esclarecer la veracidad de tales alegaciones y de profundizar en la posible presentación de una denuncia falsa.
Conforme a lo reseñado en el informe y a la prueba evaluada, Piñeiro Vázquez reconoció el recibo de una comunicación anónima y su referido a las autoridades, pero evitó confirmar la identidad de las personas concernidas o divulgar datos personales y detalles específicos de su contenido.