La licenciada Gisela Rodríguez Algarín, quien se desempeñaba como directora de la División Legal de la Administración de Desarrollo Socioeconómico de la Familia (ADSEF) al momento en que Blanca Medina Díaz asumió la administración de la agencia, optó por no emitir comentarios públicos sobre los señalamientos que la vinculan con la recomendación de no firmar el contrato del programa Star Academy con la empresa NOLA Education.
Según lo planteado por Medina Díaz, fue precisamente la asesoría jurídica interna liderada por Rodríguez Algarín la que le advirtió sobre los problemas legales de dicha contratación y le sugirió no suscribir el acuerdo, una orientación que, de acuerdo con la información disponible, le habría costado el puesto a la licenciada. Ante estos hechos y el curso de las pesquisas oficiales, Rodríguez Algarín emitió expresiones escritas para fijar su postura:
«Agradezco el interés de los medios de comunicación. Por respeto a la seriedad de las investigaciones en curso, he decidido no emitir declaraciones públicas que puedan afectar esos procesos. Como asesora legal y servidora pública tengo la responsabilidad de actuar con integridad, velar por el cumplimiento de la ley y colaborar con las autoridades aportando la información que me sea requerida. Mi colaboración tiene como único propósito contribuir al esclarecimiento de lo ocurrido y a que se haga justicia. En este momento, entiendo que lo responsable es permitir que las autoridades realicen su trabajo», expresó la Lcda. Gisela Rodríguez Algarín.
La controversia en torno a su salida contrasta con los reconocimientos públicos que agencias gubernamentales le otorgaron previamente por su desempeño profesional. Rodríguez Algarín figuró en una campaña oficial de servidores públicos meritorios —incluso siendo destacada en publicaciones institucionales tras aprobar su reválida en el campo del derecho—, un respaldo institucional que quedó atrás tras emitir las advertencias legales que desaprobaron dicho contrato.