El personal de Apoyo Integral al Personal de Servicios Educativos del Departamento de Educación (DE) conocido como T1, tendría que certificarse y someterse a supervisión y evaluación periódica, según un proyecto aprobado por la Cámara de Representantes, que busca fortalecer los servicios a estudiantes con diversidad funcional.
Esta medida legislativa es el Proyecto de la Cámara 675 de la autoría de Odalys González y Roberto J López Román.
Esta medida legislativa crearía la «Ley para la Certificación y Apoyo Integral al Personal de Servicios Educativos (T1)»; y de acuerdo a su exposición de motivos, el T1 desempeña un papel fundamental, brindando apoyo directo e individualizado a estudiantes con necesidades especiales. Sin embargo, existen estudios que demuestran que este personal enfrenta desafíos por la falta de capacitación ante la ausencia de programas de certificación y formación continua, lo cual repercute negativamente en la calidad de la educación que reciben estos estudiantes.
«Según datos del Departamento de Educación de Puerto Rico, más de 30% del personal T1 reporta experimentar agotamiento emocional y una escasa capacitación formal para manejar situaciones complejas en el aula. Esta situación ha derivado en una alta rotación laboral, perdida de continuidad educativa para los estudiantes y una carga emocional considerable para los asistentes», reza la medida.
Los T1 no solo son el respaldo de los maestros en el aula escolar, sino que también garantizan con su participación que se implementen correctamente y de forma más efectiva los Planes Educativos Individualizados (PEI).
«La evidencia científica confirma que la estabilidad y preparación del personal de apoyo son elementos cruciales para el progreso académico y emocional de esta población estudiantil. Estudios realizados en sistemas educativos de pises como Estados Unidos y España han demostrado que la implementación de programas de certificación y formación continua para el personal de apoyo educativo mejora significativamente los resultados académicos y el bienestar emocional de los estudiantes con diversidad funcional», agrega la medida.
El caso de la Asociación de Maestros de Puerto Rico vs. Departamento de Educación 2014 enfatizó precisamente las obligaciones que tiene el Estado para que se provean los recursos necesarios a estos estudiantes.
De aprobarse este proyecto, el Artículo 3 ordena al DE junto al Departamento de Salud y el Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico, a diseñar un currículo oficial a modo de formación continua para la certificación y recertificación para el personal del T1 que incluiría:
-Técnicas de modificación de conducta
-Intervención en crisis emocionales
-Comunicación alternativa y apoyos visuales
-Primeros auxilios básicos y respuesta médica inmediata.
-Inclusión y adaptaciones curriculares
Esta certificación deberá renovarse cada tres años y será requisito para que se considere una contratación al puesto.
Mientras, el Artículo 4 establece talleres obligatorios de apoyo emocional y autocuidado que atendería por ejemplo: prevención del síndrome de agotamiento, estrategias de resiliencia y manejo de estrés, así como apoyo entre pares y dinámicas grupales.
El DE también deberá implementar un sistema de supervisión y evaluación periódica de este personal. Para sufragar estos puestos y estas certificaciones, la agencia deberá incluir en su presupuesto anual las partidas necesarias para que se implante esta Ley en un término no mayor de 180 días.
La medida cerró con 52 votos a favor y ahora está bajo la consideración de la Comisión de Educación del Senado.