El Departamento de Justicia confirmó mediante declaraciones escritas que iniciarán un proceso de investigación preliminar sobre las contrataciones en manos de la secretaria del Departamento de la Familia, Suzanne Roig Fuertes.
La misiva establece que «confirmo que tras completar la evaluación correspondiente, la División de Integridad Pública y Asuntos del Contralor (DIPAC) del Departamento de Justicia iniciará una investigación, conforme a la Ley 2-1988, sobre los procesos dirigidos por la secretaria del Departamento de la Familia, Suzanne Roig Fuertes, para formalizar contrataciones en la Administración de Desarrollo Socioeconómico de la Familia (ADSEF)», dicta el comunicado oficial firmado por la secretaria de Justicia, Lourdes L. Gómez Torres.
La controversia de la secretaria del Departamento de la Familia, Suzanne Roig Fuertes, comenzó con la destitución de Blanca Medina Díaz, exadministradora de ADSEF, y sus denuncias sobre presiones para firmar contratos. Posteriormente, se amplió a cuestionamientos sobre el proceso de selección de NOLA Education y una contratación con SAMU Foundation Corp., vinculada a la organización española Fundación SAMU.
La destitución de Blanca Medina
Tras su salida de ADSEF, Medina sostuvo que sus diferencias con Roig Fuertes surgieron por negarse a firmar una contratación de aproximadamente $38.5 millones con NOLA Education, para implementar el programa educativo Star Academy con fondos federales TANF. Según su testimonio, personal legal de ADSEF le advirtió que el acuerdo no cumplía con los requisitos para utilizar esos fondos. También alegó que la agencia había quedado fuera de etapas fundamentales de evaluación y selección.
Roig Fuertes en todo momento ha negó las presiones y ha rechazado que la destitución respondiera a esa negativa. Por su parte, la secretaria de la Gobernación, Norma Burgos, atribuyó la remoción a insubordinación, falta de respuesta y deficiencias administrativas. El vínculo entre el despido y la negativa a firmar es parte de las alegaciones de Medina que permanecen bajo investigación.
Los cuestionamientos sobre NOLA Education
Uno de los principales choques surgió cuando Roig Fuertes afirmó inicialmente que no existía contrato ni borrador. Luego trascendió un documento preliminar y una carta del 20 de enero de 2026, firmada por ella, que notificaba a NOLA Education su selección. La secretaria se ha mantenido insistente en que no se había firmado ni comprometido dinero para tales fines.
También se cuestionó la competencia entre proponentes. El senador Juan Oscar Morales denunció que se había considerado documentación de Coccoloba como propuesta, aunque la empresa negó haber participado formalmente y sostuvo que únicamente había enviado información general sobre sus servicios. Esto abrió interrogantes sobre cómo se evaluaron las alternativas y como se justificó seleccionar a NOLA.
Coccoloba ante la situación, realizó una declaración jurada solicitándole evidencia a Roig Fuertes de unas expresiones vertidas en una vista pública.
El viaje a España y el contrato con SAMU
El nuevo ángulo de la controversia surgió con el viaje de Roig Fuertes a España en septiembre de 2025, para visitar instalaciones de la Fundación SAMU. Durante esa visita se formalizó un acuerdo colaborativo que, según Familia, no conllevaba obligaciones económicas. Seis meses después, el 17 de marzo de 2026, se firmó un contrato por $355,646.50 con SAMU Foundation Corp. para ofrecer mentoría y apoyo a jóvenes de 18 a 35 años en transición hacia la vida adulta.
El aviso para recibir propuestas se emitió el 18 de septiembre de 2025, mientras Roig estaba en España hasta el momento se desconoce cuánto se desembolsó, cuántos jóvenes recibieron servicios ni cómo se seleccionó a la entidad. Familia también ha negado que la coincidencia de fechas implicara una relación entre el viaje y la contratación.
Ante esos hallazgos, el Senado requirió el expediente contractual, los desembolsos y evidencia de los resultados del programa. Roig defendió el carácter institucional del viaje y aseguró que el acuerdo de colaboración y el proceso competitivo eran gestiones independientes. La gobernadora Jenniffer González Colón, también defendió la legalidad de la contratación.
¿Dónde está la controversia ahora?
En el caso de NOLA, Familia sostiene que el proceso se canceló en mayo de 2026, que el contrato nunca se formalizó y que no hubo desembolsos. Las controversias llevaron a Roig y Medina ante el Senado el 7 de octubre. Posteriormente, la Comisión de Familia les concedió hasta el 30 de octubre, como plazo final e improrrogable, para completar la entrega de documentos sobre las contrataciones y el manejo de fondos federales.
Al día de ayer, martes,La Fortaleza ha mantenido su postura de permitir que las investigaciones continúen. El foco sigue en esclarecer si hubo presiones indebidas, cómo se seleccionaron las entidades y qué respaldo documental tienen las decisiones de Familia.