El chavismo y la oposición reanudan este viernes el cuarto ciclo de diálogo político en medio de la expectativa tras el retorno a Venezuela de la líder opositora María Corina Machado, quien, pese a no participar en las conversaciones, ha apostado por el éxito de la mesa con miras a la convocatoria de elecciones presidenciales el año que viene.
Es la primera ronda que se da desde el regreso de Machado el pasado 25 de octubre -luego de su salida a Oslo en diciembre de 2025 para recoger el Nobel de la Paz-, y aunque la opositora ha manifestado su disposición a un diálogo directo con la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, aún no está previsto tal encuentro. Tampoco con los delegados de las negociaciones.
El nuevo ciclo inicia centrado en avanzar en la concreción de medidas en materia de garantías políticas y civiles que ya fueron introducidas en el ciclo anterior, cuando se anunció la revisión de leyes que la oposición considera que se utilizan como herramientas de persecución política.
Entre ellas, la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, específicamente "lo inherente al proceso de inhabilitaciones" políticas, que ha afectado, por ejemplo, a Machado, quien fue inhabilitada para presentarse como candidata en las elecciones de 2024.
Y aunque la oposición no tiene una lista de nombres de inhabilitados a presentar en la mesa de negociación, la idea, explicó a EFE la exdiputada Desiree Barboza, es que no se repitan este tipo de medidas que afectan a decenas de dirigentes políticos.
"Nosotros más que trabajar con nombres directamente o empezar a manejar listas, estamos trabajando con la raíz, que en este caso es el ordenamiento jurídico, que es la ley", indicó la delegada de la oposición.
En ese sentido, aspiran a que todo aquello que se hizo "de manera indebida o no apegado a la Constitución" quede "automáticamente anulado" y si queda algún caso particular por resolver entonces "tendrá que tomar otros procesos".
Definir cambios
Está previsto también que se aborden cambios concretos en la ley de partidos políticos con el fin de lograr que se regularicen o legalicen muchos de estos, después de que fueran intervenidos por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
Precisamente, esta última institución, que lleva años liderada por magistrados afines al chavismo, está en pleno proceso de renovación por un acuerdo alcanzado en este diálogo.
Fuentes consultadas por EFE también señalaron que los delegados prevén seguir avanzando en la renovación del TSJ, que se espera sea conformado en diciembre; y en más medidas en favor de la libertad de expresión.
"Y (también vamos) a trabajar en todo lo referente a derechos humanos, a privativos de libertad, a exilio", añadió Barboza.
Ya la jefa de delegación opositora, Dinorah Figuera, había adelantado el pasado fin de semana que se prevé un anuncio sobre nuevas liberaciones de presos políticos, un tema por el que ha presionado desde que comenzaron las rondas en agosto pasado, aunque aún no se ha abordado.
De momento, las liberaciones en Venezuela, que el Gobierno cifra en más de mil, se han dado por un proceso instado por la presidenta encargada tras la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos.
Del mismo modo, se espera que también se continúe tratando el desbloqueo del oro retenido en el Banco de Inglaterra para que los recursos sean utilizados para apoyar a las víctimas del doble terremoto del pasado 24 de junio.
Esta medida y el levantamiento de sanciones son las principales demandas del chavismo en las conversaciones que se iniciaron en el marco del plan de transición de Estados Unidos para Venezuela.
Hasta el momento, las reuniones se han desarrollado en el Hotel Gran Meliá Caracas y suelen extenderse aproximadamente una semana.
Varios de los delegados opositores, algunos de ellos investigados por la justicia en causas denunciadas como persecución política, ya se encuentran en Caracas.