Es hora de cuestionarnos el verdadero retorno de inversión que recibe Puerto Rico al conceder exenciones impositivas extremas a individuos extranjeros bajo la Ley 60. Mientras estos inversionistas disfrutan de tasas contributivas de cero por ciento en ganancias de capital, las PYMES puertorriqueñas enfrentan una carga fiscal asfixiante y altos costos de energía eléctrica.
Para lograr un desarrollo económico sostenible, el gobierno debe dirigir sus prioridades tributarias a fortalecer el capital criollo, facilitando préstamos a bajo interés y adiestramiento de destrezas digitales a jóvenes emprendedores locales.