La Oficina del Procurador de las Personas de Edad Avanzada (OPPEA), a través de la Procuraduría Auxiliar del Programa Estatal de Cuidado de Larga Duración (Ombudsman), identificaron un hogar clandestino para personas de edad avanzada denominado Hogar Emmanuel, ubicado en el municipio de Arecibo, en un sector colindante con el municipio de Hatillo, el cual operaba sin el licenciamiento requerido por ley, poniendo en riesgo la salud, la seguridad y la dignidad de sus residentes
Durante la tarde y noche del 19 de julio de 2026, la Procuradora Auxiliar del Programa Estatal de Cuidado de Larga Duración recibió una confidencia acompañada de fotografías y un mensaje en el que se denunciaban graves irregularidades en el Hogar Emmanuel. En la información recibida se observaba una aparente aglomeración de residentes en únicamente dos habitaciones, escasez de alimentos y posibles actos de negligencia en el cuidado de las personas de edad avanzada. Asimismo, la confidencia incluía copia de un reporte realizado a la Línea de Maltrato del Departamento de la Familia y una querella presentada ante la Policía de Puerto Rico. En virtud de las facultades de fiscalización conferidas a la Oficina del Procurador de las Personas de Edad Avanzada por la Ley Núm. 76-2013, la Ley Núm. 121-2019 y la legislación federal aplicable, se activó de inmediato un proceso de fiscalización dirigido a la Oficina de Licenciamiento del Departamento de la Familia, al área de Maltrato Institucional y a la Policía de Puerto Rico.
Desde el momento en que se recibió la confidencia, la Procuradora de las Personas de Edad Avanzada, Dra. Yolanda Varela Rosa, participó activamente en la toma de decisiones relacionadas con la intervención. En coordinación permanente con la Procuradora Auxiliar del Programa Estatal de Cuidado de Larga Duración, impartió instrucciones para activar de inmediato los mecanismos de fiscalización, protección e intervención interagencial, dando seguimiento continuo a todas las gestiones realizadas con el propósito de garantizar la seguridad, el bienestar y la protección de los derechos de las personas de edad avanzada afectadas.
Como parte de ese proceso, el 20 de julio de 2026, dos coordinadoras del Programa Estatal de Cuidado de Larga Duración realizaron una visita oficial de fiscalización con el propósito de verificar la información recibida y proteger los derechos de las personas residentes. Al llegar a la dirección inicialmente provista, las coordinadoras constataron que el establecimiento no operaba en ese lugar. Posteriormente lograron comunicarse con la administradora, quien suministró la ubicación correcta del hogar e informó que el establecimiento no contaba con el licenciamiento requerido para operar, por lo que constituía un establecimiento clandestino. De igual forma, manifestó que la Oficina de Licenciamiento del Departamento de la Familia había visitado previamente el establecimiento y tenía conocimiento de su operación.
Ante esta información, la Procuradora Auxiliar del Programa Estatal de Cuidado de Larga Duración activó inmediatamente los protocolos correspondientes y solicitó la presencia inmediata del Departamento de la Familia para que asumiera la protección de los residentes. Mientras se coordinaba la llegada de las agencias correspondientes, las coordinadoras de la OPPEA asumieron la protección de emergencia de los trece (13) residentes encontrados en el establecimiento, velando en todo momento por su seguridad, bienestar y derechos.
Durante la inspección realizada por el personal de la OPPEA se documentaron hallazgos sumamente preocupantes que evidencian las condiciones en las que se encontraban los residentes del establecimiento. Se constató que varias personas de edad avanzada dormían directamente en el suelo y que existía una aglomeración de residentes en únicamente dos habitaciones. Asimismo, se observó una nevera con escasez de alimentos y alimentos que no eran aptos para el consumo de esta población. De igual forma, se identificaron condiciones deficientes de higiene, limpieza y salubridad, además de confirmarse que el establecimiento operaba sin el licenciamiento requerido por ley, constituyéndose como un hogar clandestino.
Como resultado de la intervención, se confirmó que previo a la visita de fiscalización realizada por la Oficina del Procurador de las Personas de Edad Avanzada (OPPEA), el Departamento de la Familia había removido tres (3) residentes subvencionados. No obstante, los demás residentes permanecían en el establecimiento al momento de la inspección, a pesar de que este operaba sin el licenciamiento requerido por ley.
La Oficina del Procurador de las Personas de Edad Avanzada entiende que, cuando se identifica un establecimiento operando de manera clandestina, las intervenciones deben realizarse con la mayor celeridad posible para salvaguardar la seguridad, la salud y la dignidad de todos los residentes, procurando que ninguno permanezca expuesto a condiciones que puedan poner en riesgo su bienestar. En cuanto a la presunta operación de un establecimiento de cuidado de larga duración sin el licenciamiento requerido por ley, la OPPEA coordinó con el teniente José D. Sánchez Marchand para que personal de la División de Servicios Técnicos de Arecibo y del cuartel correspondiente iniciara la investigación pertinente y realizara las gestiones que en derecho correspondan.
Como parte de su función fiscalizadora y en cumplimiento con las facultades conferidas por la ley, la Oficina del Procurador de las Personas de Edad Avanzada iniciará el correspondiente proceso administrativo para evaluar todas las actuaciones relacionadas con este caso, incluyendo los procedimientos seguidos por las dependencias concernidas y las determinaciones adoptadas durante la intervención. La OPPEA informa que, en respeto al debido proceso de ley y a la investigación en curso, ofrecerá información adicional al culminar los procesos administrativos correspondientes.
«Como Procuradora de las Personas de Edad Avanzada, mi deber es actuar con firmeza cada vez que exista la más mínima sospecha de que los derechos de un adulto mayor han sido vulnerados. Nuestra responsabilidad no termina con identificar una irregularidad; comienza precisamente en ese momento, activando todos los mecanismos de protección que la ley nos concede. Responsablemente me mantengo pendiente a la seguridad, el bienestar y la calidad de vida de nuestros adultos mayores. A los familiares de nuestros adultos mayores les hago un llamado a mantenerse presentes en la vida de sus seres queridos. Visítenlos con frecuencia, conozcan las condiciones del lugar donde residen y no duden en denunciar cualquier irregularidad. La familia constituye el primer círculo de protección y su participación es fundamental para prevenir situaciones de maltrato, negligencia o abandono. Quiero que cada adulto mayor de Puerto Rico tenga la certeza de que esta Procuradora está pendiente de ustedes. Continuaremos recorriendo la Isla, fiscalizando, investigando y actuando con responsabilidad siempre que exista una situación que amenace sus derechos. Esa es la misión que asumí y ese seguirá siendo micompromiso mientras ocupe este cargo, indicó la Procuradora Dra. Yolanda Varela Rosa”.
La Procuradora Auxiliar de Cuidado de Larga Duración, Dyrowh Adorno expresó, «El Programa Estatal del Procurador de Cuidado de Larga Duración tiene como función principal proteger los derechos de los residentes de los establecimientos de cuidado de larga duración. Como parte de la Oficina del Procurador de las Personas de Edad Avanzada y en cumplimiento con la Ley Núm. 121-2019, nuestro deber es asegurar que toda persona de edad avanzada que se encuentre en riesgo sea protegida y reciba un cuidado digno, seguro y libre de maltrato. Por ello nos movilizamos de manera inmediata al recibir la confidencia y con mayor urgencia al confirmar que este establecimiento operaba clandestinamente. No continuaremos permitiendo que establecimientos, con o sin licencia, operen de manera irresponsable. Nuestros adultos mayores merecen vivir con dignidad, seguridad y respeto. Exhortamos a toda la ciudadanía a denunciar cualquier irregularidad, hogar clandestino o situación de maltrato contra personas de edad avanzada. De igual forma, hacemos un llamado a los familiares para que visiten regularmente a sus seres queridos, verifiquen que los hogares donde residen cuenten con las licencias correspondientes y corroboren que reciben el cuidado digno y seguro que merecen.»
La Oficina del Procurador de las Personas de Edad Avanzada reafirma su compromiso de continuar investigando, fiscalizando y defendiendo los derechos de las personas de edad avanzada en Puerto Rico. Asimismo, exhorta a toda la ciudadanía a denunciar cualquier caso de maltrato, negligencia, abandono, explotación o la operación de hogares clandestinos comunicándose al (787) 721-6121 o al email ombudsmancld@oppea.pr.gov.
«La protección de nuestros adultos mayores no admite excepciones. Donde exista una violación a sus derechos, allí estará la OPPEA actuando con firmeza, responsabilidad y compromiso para garantizar el bienestar y la dignidad de cada persona de edad avanzada en Puerto Rico.»