En una acción decisiva para garantizar la estabilidad de las organizaciones que luchan contra la violencia de género, la gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González Colón, junto a la procuradora de las mujeres, Astrid Piñeiro Vázquez, anunciaron la asignación de $679,671 en fondos estatales.
Esta medida busca asegurar la continuidad de los servicios fundamentales ofrecidos por entidades sin fines de lucro, eliminando la incertidumbre financiera que durante años amenazaba sus operaciones.
El anuncio, realizado durante una reunión con las organizaciones que integran el programa federal STOP Violence Against Women Act (VAWA), marca un hito administrativo al brindar estabilidad económica a sectores vulnerables, tradicionalmente afectados por la limitada disponibilidad de fondos federales. Hasta ahora, las entidades tenían garantizados fondos federales únicamente para el periodo de julio a diciembre de 2026, lo que generaba constantes preocupaciones sobre la continuidad de recursos para la primera mitad del siguiente año.
La procuradora Astrid Piñeiro Vázquez destacó la importancia de esta asignación estatal, señalando que “nuestras organizaciones no deberían vivir con el corazón en la boca, año tras año, preguntándose si el primero de enero tendrán dinero para mantener las puertas abiertas”. Según Piñeiro, asegurar estos fondos significa proteger directamente a quienes están en la primera línea de servicio, salvando vidas y permitiendo que se concentren en la atención a víctimas y sobrevivientes, sin perder tiempo ni energía en preocupaciones financieras.
Esta inyección presupuestaria permitirá que intercesoras, albergues, psicólogos y servicios legales mantengan su ritmo de trabajo en beneficio de la Isla, especialmente durante el periodo de enero a junio de 2027, etapa históricamente marcada por la incertidumbre. Las organizaciones conocerán desde el inicio del año fiscal que cuentan con respaldo económico total para el próximo semestre, eliminando la angustia burocrática que solía acompañar el vencimiento de subvenciones federales.
La funcionaria subrayó que el enfoque institucional del gobierno es claro: las entidades sin fines de lucro deben dedicar el 100% de sus esfuerzos y talento a la atención de las víctimas y sobrevivientes de violencia de género, sin distraerse en la búsqueda de recursos. “La estabilidad de ellas es la seguridad de las mujeres que buscan ayuda”, puntualizó Piñeiro.
La procuradora agradeció a la gobernadora por incluir esta partida de fondos en el presupuesto vigente, lo que reafirma el compromiso de la administración con el fortalecimiento de los servicios dirigidos a víctimas y sobrevivientes. Además, destacó que la Oficina de la Procuradora de las Mujeres (OPM) escuchó el reclamo histórico de las organizaciones y actuó con agilidad para mitigar la vulnerabilidad que provoca la dependencia exclusiva de fondos federales de corto plazo.
“Cuando una mujer alza su voz para buscar ayuda, el Estado y sus organizaciones aliadas tienen que estar listos para responder, hoy, mañana y el próximo año sin interrupciones”, concluyó la procuradora.